La gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Aura Celeste Fernández, propuso reformas al sistema de Seguridad Social en la República Dominicana para actualizar el Plan Básico de Salud, incluir la salud mental y las enfermedades crónicas como derechos garantizados, y asegurar atención médica de calidad para todos los afiliados. Esta declaración se realizó durante la Semana de la Seguridad Social 2026, donde destacó la necesidad de abordar la alta informalidad laboral y la falta de protección para adultos mayores que no han podido cotizar.

Fernández enfatizó que, a 25 años de la promulgación de la Ley 87-01, es crucial actualizar el catálogo de servicios de salud en función del envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas. «La seguridad social, en su esencia más pura, es exactamente eso: la decisión de una sociedad de cuidar al enfermo, de sostener al anciano, de proteger al trabajador», expresó.

Impacto de la Ley 87-01

La funcionaria resaltó que la Ley 87-01 transformó el acceso a la protección social, beneficiando a más de cuatro millones de personas a través del Seguro Familiar de Salud. «Antes de ella, la atención en salud y la seguridad en la vejez eran privilegios reservados para pocos», afirmó.

Desde la entrada en vigencia de la normativa, se han alcanzado hitos importantes, como el inicio del régimen subsidiado en 2002 y la implementación del régimen contributivo en 2007. También se han creado subsidios por maternidad y enfermedad común, así como ampliaciones de cobertura para medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos.

Fernández recordó que en 2025 el CNSS aprobó una resolución que establece la cápita diferenciada en el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, medida que entró en vigencia en mayo de este año.

Propuestas de reforma

La gerente general indicó que el sistema necesita una transformación que involucre a los sectores políticos y sociales. «El sistema tiene hoy sobre la mesa una hoja de ruta de reforma para fortalecer sus cimientos, que va a requerir de la participación y del compromiso social de legisladores y de todos los sectores de la vida nacional», afirmó.

Fernández subrayó que la informalidad laboral, que afecta a más del 50% de la fuerza laboral mayor de 15 años, es uno de los principales obstáculos para ampliar la cobertura y protección social. «Decir informalidad se traduce en trabajadores sin protección social», agregó.

Entre las propuestas planteadas se incluyen elevar la pensión mínima, indexarla al costo de la vida, y reconocer el tiempo dedicado al cuidado de hijos como parte del historial contributivo. También se busca ampliar la protección social a trabajadores domésticos, de plataformas digitales y empleados por cuenta propia.

La funcionaria concluyó que es fundamental garantizar que la calidad de la atención en salud no dependa del régimen al que pertenece quien la necesita, ya que «ante la enfermedad, la dignidad no tiene categorías».