La muerte de Yosnely Álvarez, una niña de 13 años, ha puesto de manifiesto las fallas en el sistema de protección infantil en la República Dominicana. Su trágica historia, marcada por el abuso y el abandono, revela cómo la sociedad y las instituciones le fallaron. A pesar de las alertas sobre su situación, las medidas adoptadas no fueron suficientes para garantizar su seguridad.

Desde los 11 años, Yosnely enfrentó una infancia marcada por el abuso sexual y la violencia psicológica. En julio de 2024, una denuncia anónima alertó al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) sobre los abusos que sufría a manos de su padrastro. Tras la intervención del Ministerio Público y su traslado a un hogar de paso, parecía que se iniciaba un proceso de salvación para ella.

Sin embargo, el refugio fue temporal. Yosnely escapó del centro y fue devuelta a la tutela de su abuelo materno, lo que plantea serias interrogantes sobre el funcionamiento del sistema. ¿Cómo fue posible que una niña de 11 años se escapara de una institución diseñada para protegerla? ¿Qué seguimiento se realizó tras su reintegración familiar? Estas preguntas evidencian las grietas en el sistema de protección infantil.

La Ley 136-03 establece que los menores son sujetos de derechos y que el Estado, la sociedad y la familia deben velar por su desarrollo. Sin embargo, la realidad muestra una desconexión entre la legislación y su aplicación efectiva. La protección de la niñez requiere un enfoque integral que incluya seguimiento, terapia y un entorno seguro.

Este caso también resalta la vulnerabilidad del núcleo familiar. El hogar, que debería ser un refugio, puede convertirse en un lugar de peligro. La violencia y la complicidad no deben prevalecer sobre la integridad de un menor, y es fundamental que se priorice su bienestar por encima de cualquier conflicto adulto.

Tras su muerte, Yosnely fue revictimizada por los medios y la sociedad, que a menudo juzgan a las víctimas en lugar de a los agresores. Esta falta de empatía es alarmante y debe ser cuestionada. La violencia sexual y el feminicidio de una niña no pueden ser justificados por su comportamiento o antecedentes.

El Estado dominicano debe revisar sus protocolos de protección infantil de manera urgente. Es necesario esclarecer qué falló en el hogar de paso y cómo se tomó la decisión de reintegrar a Yosnely a su familia. La seguridad de los niños no puede depender de la buena voluntad de un funcionario; debe ser un sistema sólido y responsable.

La situación de Yosnely plantea preguntas inquietantes sobre cuántos niños viven en silencio con sus agresores. La sociedad no debe esperar a que ocurra otra tragedia para actuar. Yosnely tenía derecho a una infancia feliz y a un futuro. Su historia debe ser un llamado a la acción y a la justicia.