La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís ordenó el regreso inmediato de las familias desalojadas de Metro Country Club y prohibió nuevas medidas de desalojo mientras el caso sigue en los tribunales. La decisión se tomó tras acoger una acción en referimiento presentada por los propietarios afectados por los desalojos de la semana pasada.

El tribunal dispuso que el Ministerio Público se abstenga de tramitar o ejecutar nuevas solicitudes de desalojo vinculadas al conflicto hasta que haya una resolución definitiva. Los desalojos fueron solicitados por Suheil Atalah en el marco de una controversia sobre una presunta duplicidad registral de los terrenos en disputa.

Reacciones a la decisión judicial

El abogado Yurosky Mazara, representante legal de Metro Country Club y de los propietarios afectados, consideró la decisión como una protección de los derechos de las familias impactadas. “La decisión devuelve la tranquilidad y la seguridad jurídica a varias familias que vieron vulnerados sus derechos”, afirmó.

La resolución también ratifica una medida cautelar emitida el pasado 29 de mayo y deja sin efecto los desalojos ejecutados el miércoles anterior, permitiendo así el retorno de los residentes a sus hogares. Durante la audiencia, se presentó documentación que demuestra que los ocupantes afectados son propietarios legítimos de los inmuebles.

Se cuestionó la manera en que se llevaron a cabo los desalojos, argumentando que los propietarios no fueron notificados ni tuvieron participación en las acciones que afectaron sus viviendas. La administración de Metro Country Club reiteró que las propiedades ocupadas por terceros nunca fueron hipotecadas ni formaron parte de las garantías financieras que originaron el conflicto legal.

Entre los beneficiados se encuentra Mary Bernechea, quien ha sido propietaria de una vivienda en el complejo durante más de 27 años y aseguró que no tiene obligaciones pendientes relacionadas con su inmueble. Bernechea también destacó que no fue escuchada antes de los desalojos.

Tras conocerse la decisión, propietarios y residentes expresaron su satisfacción con el fallo, considerándolo un respaldo a la seguridad jurídica dentro del residencial y agradecieron el apoyo legal recibido durante el proceso.