El Senado aprobó este martes en segunda lectura un proyecto que modifica la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el objetivo de fortalecer la integridad, la transparencia y el control del financiamiento político en la República Dominicana. La iniciativa busca prevenir la infiltración del crimen organizado y el lavado de activos en las estructuras partidarias, además de reforzar las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral (JCE).

Nuevas disposiciones y obligaciones

Entre las principales disposiciones se incluye la obligación de que los partidos implementen programas internos de cumplimiento normativo y establezcan procedimientos de debida diligencia para verificar antecedentes de candidatos, donantes y financistas. Además, deberán crear órganos especializados de control e integridad.

La propuesta también establece que los aspirantes a cargos de elección popular deben presentar declaraciones juradas de patrimonio, certificaciones de no antecedentes penales tanto nacionales como de los países donde hayan residido en los últimos 15 años, así como pruebas antidopaje actualizadas.

Fortalecimiento de la fiscalización

La iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, busca fortalecer la fiscalización de los recursos que reciben las organizaciones políticas. Se les obligará a identificar el origen de los fondos, garantizar la trazabilidad de las contribuciones y rechazar aportes vinculados a actividades ilícitas.

Otro aspecto relevante de la modificación es que contempla sanciones para los partidos que incumplan las nuevas obligaciones, incluyendo la suspensión de la entrega de fondos públicos hasta que regularicen su situación ante la Junta Central Electoral.

Con esta aprobación en segunda lectura, se modifican los artículos 3, 24, 26, 27, 30, 32, 49, 50, 56, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley 33-18, los cuales deberán ser acogidos en la Cámara Baja para su implementación efectiva.