Senadores exhortaron este martes al Ministerio Público a fortalecer la instrumentación de los expedientes relacionados con casos de corrupción administrativa, argumentando que una adecuada sustentación de las investigaciones es crucial para lograr condenas y evitar absoluciones. Los legisladores enfatizaron que el combate a la corrupción requiere investigaciones exhaustivas, respaldadas por pruebas documentales, testimoniales y periciales.

El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guillermo Lama, expresó que, aunque valora la postura de la procuradora Yeni Berenice Reynoso en su lucha contra la corrupción, es necesario revisar la elaboración de los expedientes. «No puede ser posible que la mayoría de los expedientes de actos de corrupción se estén cayendo; hay que identificar si es un problema del Poder Judicial o en la presentación de los expedientes», subrayó Lama.

Demandas de los senadores

Por su parte, el senador oficialista Dagoberto Rodríguez pidió que se realicen los expedientes de manera correcta para que no se debiliten ante los jueces. Mientras tanto, el senador del Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte, advirtió sobre posibles motivaciones políticas en algunos procesos judiciales, instando a la cautela en este aspecto.

Marte señaló que las acusaciones del Ministerio Público no siempre coinciden con lo determinado por los tribunales, lo que sugiere que ha habido persecución política en ciertos casos. Los parlamentarios coincidieron en que la falta de sustentación en los casos puede resultar en descargos o nulidades, debilitando así la confianza de la población en el sistema de justicia y en la lucha contra la corrupción.

No obstante, el legislador Franklin Romero destacó que de los 40 encartados en casos de corrupción que fueron a juicio de fondo, solo cuatro fueron liberados, lo que representa una victoria significativa para el Ministerio Público. Los senadores reiteraron la importancia de la transparencia y el respeto al debido proceso en cada investigación.

Asimismo, enfatizaron la necesidad de que los organismos del sistema de justicia actúen con independencia, apego a la ley y respeto a las garantías constitucionales en su labor.