Pasadas las 12:30 de la madrugada de este martes, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuaban la lectura del fallo contra los imputados Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y la pastora Rossy Guzmán Sánchez, en el marco de un caso de presunta corrupción que involucra más de RD$4,500 millones. El tribunal concluyó que los exfuncionarios militares incurrieron en lavado de activos y enriquecimiento ilícito al beneficiarse de fondos desviados desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo argumentaron que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la existencia de un esquema de sustracción de recursos públicos a través de nóminas irregulares, fondos de inteligencia, ventas internas y raciones alimenticias, que resultaron en un incremento patrimonial de varios de los procesados. Además, señalaron que los ingresos declarados por Cáceres Silvestre no justificaban el volumen de bienes y operaciones financieras registradas durante su gestión al frente del CUSEP.
El tribunal destacó que, al asumir la dirección del CUSEP, Cáceres percibía un salario de RD$245,000 mensuales, mientras que su esposa ganaba RD$49,820. Sin embargo, poco después de ocupar el cargo, comenzó a adquirir productos financieros y a contraer obligaciones económicas que implicaban pagos periódicos, lo cual generó dudas sobre la procedencia de sus ingresos.
Las magistradas también señalaron que varias actuaciones observadas en el expediente reflejan un comportamiento incompatible con la diligencia mínima esperable de una persona con el perfil profesional presentado por el imputado. En relación a las operaciones con entidades religiosas, el tribunal mencionó que una de las transacciones analizadas se sustentó únicamente en un préstamo obtenido por Cáceres, lo que fue calificado como parte de una maniobra de lavado de activos.
Otros implicados en el caso son el coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del CUSEP, y el general Julio Camilo de los Santos Viola, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, así como otros militares, civiles y empresas vinculadas al expediente. La lectura del fallo continúa mientras se espera que se tomen decisiones sobre las sanciones correspondientes.
