El Defensor del Pueblo de la República Dominicana ha experimentado una transformación significativa en su función, pasando de ser una entidad receptora de quejas a un servicio público que garantiza derechos y mide resultados. Durante el último período, la institución registró un total de 5,619 casos, lo que incluye reclamaciones y quejas, y alcanzó 4,025 resoluciones, lo que representa un aumento del 144.53% en su capacidad de cierre en comparación con el período anterior.
Esta evolución se debe a la implementación de sistemas como SOL, que permite registrar y dar seguimiento a las demandas ciudadanas, y al Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART), que busca anticipar riesgos y conflictos. La mejora en la gestión no es solo numérica; refleja una mayor capacidad de respuesta institucional ante las necesidades de la ciudadanía.
Dimensión Territorial y Presupuesto
La transformación también tiene una dimensión territorial, con iniciativas como la Ruta de los Derechos y las Mesas Comunitarias, que han llegado a 126 espacios en 23 provincias y 10 bloques del Distrito Nacional, impactando a aproximadamente 7,000 personas. Estas acciones demuestran que proteger derechos implica salir al encuentro de la comunidad y fomentar la participación ciudadana.
En cuanto a la gestión pública, en 2025, la institución ejecutó RD$397.8 millones, alcanzando el 99.41% del presupuesto aprobado. El costo promedio por caso fue de RD$70,798, mientras que el costo por resolución fue de RD$98,836, lo que permite evaluar la eficiencia del uso de recursos en la producción de servicios públicos.
Valor Público y Conclusión
Los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común han generado un retorno social estimado de 8.3 a 1, equivalente a cerca de RD$99.6 millones en valor público. Esta cifra resalta la importancia de escuchar y organizar la demanda ciudadana como parte del proceso de construcción de confianza y ciudadanía.
En resumen, el Defensor del Pueblo no busca sustituir al Estado, sino contribuir a su mejor funcionamiento. Esta labor implica escuchar, medir resultados y anticipar riesgos, lo que lleva a la transformación de derechos declarados en derechos garantizados y a la construcción de una ciudadanía activa y comprometida.
