El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha enviado a juicio a los administradores de la discoteca Jet Set Club, Antonio Espaillat López y su hermana Maribel Espaillat de Bera, por homicidio y heridas involuntarias tras la tragedia que dejó 236 muertos y un centenar de heridos. Además, se han impuesto embargos e hipotecas judiciales por un total de RD$500 millones sobre el entorno familiar y empresarial de los acusados, incluyendo a personas que no enfrentan cargos penales.

El juez Reymundo Antonio Mejía dictó el auto de apertura a juicio, que consta de 159 páginas, catorce meses después del siniestro. La acusación sostiene que los hermanos Espaillat ignoraron el deterioro del edificio y permitieron modificaciones que comprometieron su estabilidad, como la remoción de columnas y la acumulación de aires acondicionados sobre un techo debilitado. A pesar de ser alertados de que un plafón había caído sobre un asistente, decidieron continuar con el evento esa noche.

La discoteca, que operaba desde los años 90 en un antiguo cine de la avenida Independencia, fue fundada en 1973 por Ana Grecia López, madre de los acusados, quien también deberá responder civilmente. El proceso judicial ha sido largo, con una audiencia preliminar que se extendió por meses, donde se presentaron víctimas, querellantes y actores civiles.

El tribunal ha autorizado embargos conservatorios e hipotecas judiciales sobre los bienes de cuatro personas y cuatro entidades comerciales, basándose en el artículo 557 del Código de Procedimiento Civil, que establece que el monto reclamable ronda los RD$250 millones. Las medidas también afectan a Evelyn Espaillat, hermana de Antonio, y a Ana Grecia López, aunque ninguna de ellas ha sido enviada a juicio por el Ministerio Público.

A pesar de que el Ministerio Público y la mayoría de los querellantes desistieron de acciones civiles contra Ana Grecia López, el tribunal la incluyó como tercera civil responsable debido a su vínculo societario. La resolución menciona la vinculación de Evelyn Espaillat con el establecimiento, aunque no detalla su función específica en el caso.

Los embargos e hipotecas no solo afectan a Inversiones E y L, la operadora del Jet Set, sino también a Radiocadena Comercial S.R.L., Difusora Hemisferio S.R.L. e Inversiones CCEP-2 S.A., entidades vinculadas al entorno empresarial de los Espaillat. Aunque no se declara su responsabilidad en el colapso, se asegura preventivamente sus activos como garantía de una posible condena civil.

El tribunal también rechazó las reclamaciones civiles contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, considerándolas inadmisibles por corresponder a la jurisdicción contencioso-administrativa. Esto indica que cualquier responsabilidad estatal deberá ser tratada en otro ámbito judicial.

Las partes tienen un plazo de cinco días para registrarse ante el tribunal del juicio. Durante el juicio, se debatirá no solo la culpabilidad penal de los acusados, sino también la legitimidad de las medidas conservatorias impuestas y la eventual responsabilidad civil solidaria que el tribunal ha comenzado a trazar. La defensa podrá presentar su peritaje en el juicio de fondo, donde se evaluarán sus conclusiones sobre las causas del colapso estructural.