El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que Juan Carlos Torres Rubiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cometió lavado de activos y enriquecimiento ilícito al adquirir bienes que no corresponden a sus ingresos legales. Las juezas afirmaron que el acusado ocultó y administró bienes de origen ilícito mientras ocupaba un cargo público, con un delito precedente de desfalco y estafa contra el Estado dominicano.

Durante el período de 2017 a 2021, Torres Rubiou recibió ingresos que sumaron poco más de 3.7 millones de pesos por salarios y bonificaciones, pero el tribunal concluyó que esta cantidad era insuficiente para justificar sus inversiones y operaciones financieras. A pesar de que la defensa presentó contratos de asesoría y actividades agrícolas, estos no lograron explicar el volumen de recursos manejados, que alcanzó aproximadamente 65 millones de pesos en transacciones bancarias.

El tribunal destacó que el imputado utilizó préstamos bancarios para dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de manera corrupta. Las cuotas pagadas y los abonos anticipados en efectivo no coincidían con los ingresos declarados ni con los de su comunidad de bienes con su esposa.

Asimismo, se mencionó un informe de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos que identificó múltiples omisiones en las declaraciones juradas de Torres Rubiou, incluyendo activos relacionados con su esposa, Greybby María Cuello Coste, quien también mostró un incremento patrimonial durante su gestión en el Cestur.

Uno de los hallazgos más significativos fue la compra de un apartamento en el proyecto Balcones del Atlántico, donde las pruebas indicaron que Torres Rubiou fue el verdadero comprador, a pesar de que la transacción se realizó a través de la empresa Único Real Estate. Las juezas valoraron testimonios y documentos que evidencian el uso de esta compañía para ocultar la titularidad del bien y el origen de los fondos.

El tribunal también determinó que parte del pago por el apartamento se realizó mediante un cheque de administración por 13 millones de pesos, adquirido con dinero en efectivo, lo que dificultó la trazabilidad de los recursos. Además, se examinaron otros bienes asociados a Torres Rubiou, como una villa en Arroyo Naranjo, Jarabacoa, y terrenos agrícolas en Rancho Arriba, San José de Ocoa.

Respecto a estos terrenos, se concluyó que la empresa RF Agroindustrial SRL fue utilizada para mantener activos de origen ilícito bajo una estructura societaria sin actividad económica comprobada. El tribunal estableció que esta compañía carecía de operaciones comerciales reales y fue empleada para adquirir y ocultar bienes vinculados a los fondos del esquema de corrupción en el que estuvo involucrado el Cestur.