El Ministerio Público desmanteló una red criminal dedicada a estafas y extorsiones en Santiago, arrestando a 20 personas, entre ellas cinco supuestos cabecillas. La operación, denominada XL526, se llevó a cabo en el municipio de Jacagua y tuvo como objetivo principal desarticular actividades ilícitas que afectaban a residentes en Estados Unidos.

La acción fue ejecutada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de varias unidades de investigación y seguridad del Estado. Se realizaron 28 allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata, donde se detuvieron a miembros de la organización, incluyendo a Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.

Detalles de la operación

Los arrestados son acusados de llevar a cabo estafas y chantajes, utilizando herramientas tecnológicas y estrategias de intimidación. Las investigaciones revelan que captaban a sus víctimas a través de anuncios publicitarios, sometiéndolas luego a presiones económicas mediante amenazas y extorsiones.

Los integrantes de la red se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa, para intimidar a sus víctimas. El Ministerio Público informó que enviaban imágenes de crímenes horrendos como parte de sus amenazas, buscando asustar y exigir pagos de dinero.

Los recursos obtenidos de estas actividades delictivas eran movilizados mediante diversos mecanismos financieros, incluyendo criptomonedas, transferencias electrónicas y plataformas de pago digital. Las autoridades señalaron que muchas transacciones se realizaban a nombre de terceros para dificultar el rastreo de los fondos.

Los imputados serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, enfrentando cargos por delitos relacionados con crímenes de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos y porte ilegal de armas.

La organización mostraba un alto nivel de bienestar económico, lo que aparentemente incentivaba la incorporación de nuevos miembros, especialmente jóvenes de Santiago y áreas cercanas. Además, el Ministerio Público destacó que las tácticas de intimidación utilizadas generaron graves afectaciones psicológicas en las víctimas y sus familias.

Las autoridades subrayaron que estas amenazas provocaban un significativo impacto en la estabilidad personal y calidad de vida de las víctimas, lo que resalta la gravedad de las acciones de la red desmantelada.