Un nuevo proyecto de ley presentado en el Senado busca modificar el esquema de cobro por el manejo de residuos sólidos en el país.

Esta propuesta, impulsada por el senador Edward Espiritusanto de la Fuerza del Pueblo, plantea un cambio significativo en la forma en que las empresas contribuyen al sistema de gestión de desechos.

La iniciativa sugiere que las contribuciones se basen en el tipo de actividad económica, el volumen de desechos generados y la capacidad de ingresos de las empresas.

Esto contrasta con la ley vigente, que establece montos fijos según las ganancias de cada empresa.

El nuevo modelo propone tasas que varían entre un 0.25 % y un 1.5 % de la renta neta anual para aquellas empresas que generan mayores volúmenes de residuos.

Además, se contemplan escalas más bajas para las empresas con menor generación de desechos.

Cambios en las contribuciones y exenciones

El proyecto también establece que las empresas de ingresos más bajos mantendrán aportes de 3,000 y 6,000 pesos.

En contraste, aquellas con mayores ingresos pagarían el 0.25 % de su renta neta anual. Para las actividades con generación media de residuos, la tasa podría llegar hasta el 0.40 %.

Otro aspecto importante de la propuesta es la eliminación del pago de residuos sólidos para organizaciones sin fines de lucro.

Esta medida se alinea con lo que establece la Ley 122-05, que exonera a estas entidades de tributos y contribuciones especiales.

Además, se plantea la eliminación del aporte fijo de 20 pesos por habitante destinado a las alcaldías, argumentando que representa una carga adicional para la población y carece de criterios claros de equidad.

Reacciones y promesas de reforma

Ante las quejas de los comerciantes sobre el cobro de residuos sólidos, que consideran excesivo, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, ha prometido una reforma a la ley.

Esta reforma será sometida al Congreso en la actual legislatura, que finalizará en julio de este año.

En reuniones con líderes congresuales y representantes de diversos gremios, se han expresado preocupaciones sobre los montos establecidos en la Ley 98-25.

Los comerciantes han solicitado una reforma que se ajuste mejor a la realidad empresarial del país.