El Senado aprobó el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, que introduce cambios significativos en los controles internos y el régimen disciplinario de la institución. Las modificaciones incluyen la ampliación de las facultades de Asuntos Internos para investigar la corrupción, la prohibición de destacamentos permanentes en empresas privadas y la creación de un nuevo régimen disciplinario que separa las funciones de investigación de las de sanción.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación del artículo 12, que reafirma que el presidente de la República ejerce el mando supremo de la Policía Nacional, ya sea directamente o a través del Ministerio de Interior y Policía. Esto simplifica la disposición y refuerza la subordinación de la fuerza pública al poder civil.
La Dirección de Asuntos Internos también verá fortalecidas sus funciones, ya que, además de investigar, tendrá competencias para supervisar operaciones encubiertas y verificar pruebas de integridad del personal. Asimismo, deberá rendir informes periódicos al ministro de Interior y Policía y al Consejo Superior Policial sobre investigaciones relacionadas con corrupción.
Ampliación de competencias y organización interna
El Consejo Superior Policial ampliará sus atribuciones, incluyendo el seguimiento de indicadores de gestión y la evaluación de ascensos y retiros. También deberá conocer informes sobre traslados de oficiales y asignaciones de protección policial.
En cuanto a la organización interna, la reforma fortalece la Subdirección General de Derechos Humanos y Transformación Policial, que coordinará el proceso de reforma institucional y supervisará el respeto de los derechos humanos.
La reforma también aborda el uso de policías fuera de sus funciones naturales, eliminando las asignaciones permanentes a empresas privadas y limitándolas a instituciones públicas. Se prevén investigaciones contra autoridades que utilicen personal policial en funciones ajenas a la seguridad pública.
Cambios en el régimen disciplinario
El régimen disciplinario se reestructura al separar las funciones de investigación y decisión, lo que implica que los inspectores instructores se encargarán de investigar y formular cargos, mientras que otros serán responsables de juzgar las faltas. Además, se amplía el catálogo de faltas muy graves, incorporando conductas como corrupción y acoso.
Las sanciones se reorganizan según la gravedad de las infracciones, y se exige que todas las decisiones disciplinarias estén motivadas por los principios de proporcionalidad, legalidad y debido proceso. Por último, se modifica el régimen transitorio de pensiones para armonizar los derechos adquiridos con el nuevo Plan Especial de Pensiones de la Policía.
