El Gobierno dominicano derogó el decreto que protegía su producción arrocera ante la presión de Estados Unidos, lo que se suma a otras medidas tomadas en respuesta a la administración de Donald Trump. Esta decisión, conocida en septiembre, busca cumplir con el calendario del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), que establece la liberalización del arroz para enero de 2025.
El Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre, anuló el 693-24, que permitía la importación sin aranceles de 23,300 toneladas de arroz estadounidense, aplicando un arancel del 99% fuera de esa cuota. La administración estadounidense había manifestado su interés en que la República Dominicana cumpliera con los términos del tratado, lo que llevó a la derogación del decreto.
El presidente Luis Abinader intentó convencer a Estados Unidos de que afectar el arroz dominicano iba en contra de sus intereses, pero el 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) expresó su interés en negociar un acuerdo de comercio recíproco. Esta declaración se produjo poco después de que el Gobierno dominicano eliminara la salvaguarda arancelaria.
Las tensiones comerciales entre ambos países se han intensificado desde que Trump anunció un arancel del 10% a productos dominicanos en abril de 2025. A pesar de las gestiones del Gobierno dominicano para solicitar la exoneración de este arancel, la Casa Blanca confirmó en julio que el país continuaría en la lista de naciones afectadas.
En febrero de 2026, tras la anulación de los aranceles por una decisión judicial, EE. UU. estableció una tarifa temporal del 10% con excepciones para ciertos productos. Esta tarifa se mantuvo hasta el 23 de julio, cuando el USTR impuso un nuevo arancel del 12.5% a la República Dominicana por no cumplir con la prohibición de mercancías producidas con trabajo forzoso.
En respuesta, Abinader emitió el Decreto 502-26 para establecer un procedimiento que identificara y bloqueara estas mercancías. Sin embargo, las pautas técnicas necesarias para su implementación aún no estaban listas en septiembre, según el director general de Aduanas, Nelso Arroyo.
El 26 de agosto, Abinader anunció su intención de negociar un acuerdo recíproco de tarifas, mientras que el 9 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre conversaciones con el USTR para mejorar las condiciones de exportación dominicanas. Aunque EE. UU. no ha impuesto normas directamente, ha emitido advertencias que podrían influir en futuras decisiones comerciales del país.
La Embajada de EE. UU. advirtió en agosto sobre los riesgos de seguridad asociados a tecnologías de empresas chinas, instando a sus socios a optar por proveedores más confiables. Esta advertencia coincidió con la adjudicación de frecuencias a la empresa vietnamita Viettel, aunque el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, descartó que estuviera relacionada con la licitación.
El 7 de septiembre, Abinader reconoció las preocupaciones de EE. UU. sobre los proveedores chinos, pero defendió la entrada de Viettel para aumentar la competencia en el sector. Además, desde enero de 2026, se implementó un impuesto del 1% a ciertas remesas, como parte de un paquete fiscal impulsado por Trump.
