La reforma sanitaria dominicana ha generado un impacto negativo en el acceso a tratamientos médicos esenciales, obligando a los pacientes a buscar recursos económicos o interrumpir sus tratamientos. Este análisis surge a partir de entrevistas realizadas por Altagracia Ortiz, donde se evidencian problemas como la fragmentación del sistema, el gasto familiar y la debilidad institucional. La situación plantea la necesidad de cuestionar el origen de estas deficiencias y los aspectos de la reforma que han quedado sin revisión.
El sistema de salud se basa en la articulación del financiamiento, la organización y la atención. Los cambios en las reglas de recaudación y distribución afectan directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de salud de la población. Es crucial determinar si estas normas están al servicio del cuidado o si, por el contrario, la atención se ajusta a condiciones que priorizan el equilibrio financiero de las instituciones.
Contexto de la reforma sanitaria
La reforma sanitaria y de seguridad social en el país, impulsada por las leyes 42-01 y 87-01, se desarrolló en un contexto de modernización del Estado. Aunque se plantean objetivos sociales, la realidad muestra que no se ha logrado una mejora equivalente en la atención integral. La diferencia entre la afiliación y la capacidad de cuidado requiere un análisis profundo de las decisiones tomadas y los obstáculos en su implementación.
El financiamiento proviene de aportaciones laborales, patronales, presupuesto público y pagos de los usuarios, lo que genera ingresos para las administradoras y proveedores. Parte de estos recursos se destina a la atención necesaria, pero otra porción puede ser utilizada para beneficios empresariales. Esta dinámica permite identificar quiénes son los beneficiarios y el nivel de poder que poseen en el sistema.
Expertos como José Selig Ripley y Luis Elpidio Féliz Féliz critican la lógica del negocio en la salud, mientras que Wilson Roa Familia rechaza la intermediación lucrativa con fondos públicos. Estas opiniones abren un debate sobre cómo las reglas financieras han moldeado las capacidades y prácticas en el ámbito hospitalario, y qué cambios son necesarios para mejorar la relación entre financiamiento y atención.
Desafíos en la atención sanitaria
Nelson Rodríguez Monegro señala que los intereses económicos son un obstáculo para implementar soluciones técnicas disponibles. Aunque se han diagnosticado problemas, es fundamental cuestionar si las herramientas actuales son suficientes para transformar los servicios o si mantienen prioridades que limitan su efectividad. Las propuestas de coordinación e inversión, aunque relevantes, no garantizan un cambio en las relaciones de poder existentes.
La fragmentación del servicio se traduce en una atención desarticulada, donde los pacientes deben gestionar múltiples consultas y procedimientos. Este control financiero puede generar demoras y costos adicionales, afectando la continuidad del cuidado. La compra pública de servicios privados también plantea interrogantes sobre su capacidad para complementar o sustituir el desarrollo de capacidades públicas.
La posición social de los pacientes influye en su acceso a la atención, creando desigualdades en el sistema. La evaluación de la salud debe considerar las consecuencias que los balances financieros no reflejan, como el impacto en los hogares y el agravamiento de las condiciones de salud. Transformar los servicios requiere que las instituciones de salud prioricen el desarrollo de una red pública sólida y bien financiada.
Es esencial que el Ministerio de Salud, el SNS, el CNSS y la Sisalril alineen sus reglas de financiamiento con el objetivo de fortalecer la atención pública. La evaluación del sistema debe medir la efectividad del financiamiento en la construcción de capacidades permanentes y la reducción de interrupciones en la atención. Si la reforma ha reorganizado los recursos sin mejorar el cuidado, es necesario examinar cómo se reproduce esta problemática en lugar de tratarla como simples fallas a corregir.
