La jueza especial de Instrucción dictó tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien recibió un soborno de 10,000 dólares en una entrega controlada. El imputado, perteneciente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), enfrenta cargos por violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La decisión fue tomada por la magistrada Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien rechazó varios incidentes presentados por la defensa, incluyendo una solicitud de nulidad del proceso. Valdez Alcántara deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Detalles del Proceso Judicial

El tribunal consideró válida la solicitud de medida de coerción presentada el 29 de marzo por el Ministerio Público, representado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, el procurador adjunto Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena. Durante la audiencia, el Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva para el imputado.

La jueza Muñiz también abordó el allanamiento, indicando que la autorización se refería al domicilio del investigado, un hecho admitido por la defensa. En cuanto al peligro de fuga, la magistrada explicó que se deben considerar factores como el domicilio fijo y el arraigo laboral, social y familiar, así como la gravedad del delito y la conducta del imputado.

La audiencia, que comenzó pasadas las 2:00 de la tarde del martes y concluyó alrededor de las 2:30 de la madrugada del miércoles, fue celebrada tras la ratificación de la magistrada por el pleno de la Cámara Penal, luego de que se declarara inadmisible la recusación presentada por la defensa en abril.

La revisión de la medida de coerción se ha fijado para el 29 de junio de 2026. La jueza destacó que, una vez se concreta la entrega del soborno, el hecho se considera en fase de tentativa y se configura la flagrancia, lo que obliga a las autoridades a intervenir para asegurar pruebas y evitar que el sospechoso evada la vigilancia controlada autorizada.