El debate sobre la posible explotación de oro en San Juan ha revelado un aspecto crucial: la confianza social. La reacción de amplios sectores de la población se origina en la experiencia vivida en Cotuí con la Barrick.

En los últimos años, la actividad minera ha tenido un impacto significativo en la economía dominicana, aportando entre un 1.5% y un 2% del producto interno bruto, según datos del Banco Central. Sin embargo, estos indicadores coexisten con tensiones locales que aún no se han resuelto por completo.

En el área de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí, los procesos de reubicación de comunidades han generado debates sobre compensaciones y acceso a tierras productivas. Para muchas familias, el traslado implicó no solo un cambio de residencia, sino una ruptura con su base económica y social.

Un tema sensible ha sido la propiedad. Aunque se asegura que los procesos de adquisición de terrenos están enmarcados en disposiciones legales, muchos residentes sienten que han enfrentado condiciones desiguales frente a actores con mayor capacidad económica y técnica. Este aspecto es determinante en la percepción pública.

El rechazo en San Juan no se basa únicamente en preocupaciones ambientales o ideológicas, sino en una evaluación comparativa: la percepción de que, sin cambios sustanciales, podrían repetirse las mismas condiciones que en Cotuí.

La viabilidad de cualquier proyecto minero no solo depende de estudios de factibilidad o autorizaciones legales, sino que requiere legitimidad social. Por lo tanto, la discusión sobre San Juan no puede ser abordada de manera aislada.

Reducir el rechazo social implica no solo presentar nuevas propuestas, sino revisar y corregir las experiencias existentes. Es esencial atender la situación en Cotuí, que fue la misma causa del rechazo en Bonao.

Esto significa evaluar los procesos de reubicación, fortalecer los mecanismos de compensación y garantizar condiciones reales para la continuidad de los medios de vida. Además, es fundamental asegurar que los derechos de propiedad sean respetados en sus dimensiones legal, económica y social.

Solo a partir de este proceso será posible reconstruir la confianza. San Juan no está rechazando el desarrollo en sí mismo, sino cuestionando un modelo que, desde su perspectiva, no ha demostrado ser equitativo.