El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este lunes que la seguridad de su familia está en «riesgo» debido a las decisiones de su Gobierno contra «criminales de alta alcurnia», como el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo en el país. Además, advirtió que los jueces, especialmente aquellos en zonas fronterizas, también enfrentan amenazas por el crimen organizado.

Paz enfatizó que no puede ser que el crimen organizado influya en las sentencias judiciales en Bolivia. Instó a los jueces a sentirse libres y protegidos en su labor, resaltando la importancia de combatir esta problemática.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que hay amenazas contra la familia presidencial que están bajo investigación, aunque no proporcionó más detalles al respecto. Esta situación se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el país.

Marset, quien estuvo prófugo durante casi tres años, fue detenido en Bolivia en marzo pasado y posteriormente enviado a EE.UU., donde permanece en prisión. Su captura ha desatado una serie de eventos que han puesto en jaque a las autoridades bolivianas.

A fines de septiembre, el entonces fiscal general boliviano, Roger Mariaca, fue destituido y encarcelado, acusado de liderar una organización criminal para proteger al narcoterrorismo, en relación con sus vínculos con Marset. Esta detención se produjo dos días después de que EE.UU. lo incluyera en un listado de funcionarios corruptos.

Este año, otros extranjeros relacionados con el crimen organizado también han sido detenidos en Bolivia, como los brasileños Gerson Palermo y Kléber Nóbrega Pereira, ambos vinculados a organizaciones criminales en Brasil.

La Policía de Bolivia aseguró que está preparada para combatir el crimen organizado y anunció que se reforzarán las labores de vigilancia en las zonas de mayor riesgo, en colaboración con el Ejército y la cooperación internacional.