La Policía Nacional enfrenta serias denuncias de corrupción y la existencia de mafias internas que, supuestamente, protegen a bandas delincuenciales. Según testimonios de jóvenes rateros, algunos miembros de la institución estarían involucrados en actividades ilícitas, eliminando evidencia que podría comprometerlos, sin que hasta ahora se haya iniciado una investigación formal por parte del presidente de la República.

Las críticas apuntan a que, mientras se habla de una reforma policial para abordar la inseguridad, no se realiza una depuración efectiva de la institución encargada de mantener el orden público. A pesar de la inversión en uniformes y asesores internacionales, persiste la violencia callejera, exacerbada por métodos ilegales que solo generan más conflictos.

Este problema se encuentra entre las principales preocupaciones de la población, según las encuestas de opinión de los últimos años. La percepción de incompetencia e improvisación por parte de las autoridades actuales sugiere que no habrá soluciones efectivas durante el resto del mandato del presidente, quien parece optar por ignorar las violaciones a las leyes.

Desacatos a sentencias

El actual Gobierno también ha sido señalado por desacatar sentencias del Tribunal Constitucional. La Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias reporta que el Poder Ejecutivo ha incumplido más de cien decisiones de la alta corte, las cuales son vinculantes y obligatorias según la Constitución.

La Policía Nacional lidera estos desacatos, con más de 20 fallos sin ejecutar, lo que agrava aún más la situación de desconfianza hacia la institución.

Problemas de migración

Otro tema que preocupa a la ciudadanía es la alta presencia de extranjeros indocumentados en el país. Aunque se ha defendido la contratación de obreros haitianos en sectores como la construcción y la agricultura, se señala que el Gobierno debe aplicar efectivamente la Ley 285-04 para proteger la soberanía nacional.

Las denuncias indican que existe una mafia en la frontera que involucra a oficiales militares y agentes de la Dirección de Migración, quienes supuestamente facilitan la entrada de haitianos indocumentados a cambio de pagos. Se menciona que se cobra hasta 40 mil pesos por cada indocumentado, lo que plantea serias dudas sobre el control migratorio en el país.