La ley 391-69, que protege el cultivo de arroz en la República Dominicana, cumplió el viernes 57 años, un mes después de la derogación del decreto 693-24, que imponía un arancel del 99% a las importaciones del cereal estadounidense a partir de las 23 mil toneladas métricas autorizadas con tasa cero.

Promulgada el 9 de octubre de 1969, esta ley declaró de utilidad pública y de interés social la conservación y uso racional de las tierras arroceras, prohibiendo su desplazamiento para proyectos urbanísticos y garantizando el acceso a recursos hídricos.

La Reforma Agraria, iniciada en 1962 con la creación del Instituto Agrario Dominicano (IAD), facilitó la expansión del cultivo de arroz a través de pequeños parceleros, quienes aportan alrededor de 10 millones de los 14.7 millones de quintales anuales de producción total.

La industria arrocera genera aproximadamente 300 mil empleos directos e indirectos, incluyendo 30 mil productores, la mayoría con parcelas de 50 tareas. Sin embargo, estos productores no han logrado establecer una cultura asociativa ni han nivelado sus terrenos con rayo láser para optimizar el uso de recursos hídricos.

Se reconoce que el decreto presidencial que salvaguardaba el cultivo nacional de arroz carece de sustento jurídico tras cumplirse los 25 años de protección arancelaria, que limitaba el ingreso del cereal estadounidense bajo el Tratado de Libre Comercio DR-Cafta.

Para Estados Unidos, el valor y volumen de las exportaciones de arroz a la República Dominicana son probablemente insignificantes. Sin embargo, para la economía dominicana, esta industria es vital, afectando a 500 mil dominicanos y siendo un alimento esencial en la mesa del país.

El gobierno dominicano debería estar preparado para un diálogo con Washington sobre la situación del cultivo de arroz en el marco del DR-Cafta, ya que los comisionados tendrían poco margen de negociación legal, aunque el tema central sería la estabilidad económica y social.

No hay forma de competir con la producción arrocera de Estados Unidos en términos de costos y productividad, y el país norteamericano tiene la oportunidad de demostrar su amistad con la República Dominicana, que depende en gran medida de esta industria agrícola.