Decenas de manifestantes exigieron este jueves al Congreso de Paraguay la aprobación del juicio político contra el mandatario saliente Santiago Peña, quien renunció a la Presidencia en medio de este proceso por la caída del Ueno Bank, una entidad privada vinculada a su gestión. Los ciudadanos se congregaron frente al Congreso en Asunción para seguir la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, que aprobó por unanimidad el juicio político y envió el expediente al Senado.

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el cierre de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido, a pesar de haber recibido millonarios recursos públicos durante la administración de Peña. Esta situación ha generado un fuerte descontento entre los ciudadanos, quienes consideran que el mandatario debe rendir cuentas por la crisis financiera.

La activista María Stela Invernizzi expresó que no quieren que se acepte la renuncia de Peña, ya que esto le permitiría convertirse en senador vitalicio, lo que lo blindaría ante la Justicia. Según el artículo 189 de la Constitución de Paraguay, los expresidentes electos democráticamente son senadores vitalicios a menos que sean sometidos a juicio político y hallados culpables.

Invernizzi enfatizó que es necesario que Peña enfrente las consecuencias de sus acciones y que el Senado complete el proceso de juicio político. La manifestante subrayó la gravedad de la situación y la necesidad de que el exmandatario y su entorno sean responsabilizados.

Por su parte, Cristian Domínguez, un ciudadano indignado por la disolución de Ueno Bank, afirmó que Peña es el principal responsable de la crisis y exigió que se recupere el dinero público invertido en la entidad, así como los depósitos de los ahorristas que quedaron congelados.

La crisis de Ueno Bank ha puesto en el centro del debate la gestión de Peña, quien durante su mandato recibió importantes fondos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país. La situación ha generado un clamor popular por justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.