La jueza Maritza Marizol Reynoso destacó que la mayoría de los tribunales de la República Dominicana tienen cero mora, durante su intervención en la vista pública del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Reynoso mencionó los avances en el Poder Judicial, señalando la implementación de tecnología, planificación y programas de estudio como factores clave.
En su exposición, Reynoso explicó que la planificación en la Suprema Corte de Justicia ha sido acompañada de herramientas de control para verificar su ejecución. Resaltó el Plan Justicia 2024, que tiene como objetivos “cero moras, 100% transparencia y 100% acceso”. Afirmó que este plan ha sido implementado y que los tribunales han logrado reducir la mora a niveles mínimos.
La jueza también destacó la digitalización del Poder Judicial, un proceso que se aceleró con la llegada de la pandemia de COVID-19. Según Reynoso, esta transformación tecnológica ha beneficiado a los usuarios, permitiendo que el sistema judicial continuara operando durante la crisis sanitaria.
Otro avance mencionado fue la capacitación de los miembros del Poder Judicial a través de la Escuela Nacional de la Judicatura. Esta institución ha desarrollado programas de estudio y actualización para magistrados y colaboradores, enfocados en la nueva legislación del país.
Reynoso, quien es doctora en Derecho y egresada de la Universidad Central del Este, cuenta con un posgrado en Procedimiento Civil y más de 1,800 horas de capacitación continua. Ingresó al Poder Judicial en 1990 y ha ocupado diversas posiciones, lo que le ha permitido comprender las necesidades del sistema de justicia.
La jueza enfatizó su compromiso de actuar con prudencia y responsabilidad, resaltando que la confianza de la ciudadanía en la justicia se construye a través de decisiones éticas y un trato respetuoso. Afirmó que un Poder Judicial cercano a la ciudadanía es fundamental para ofrecer respuestas de calidad.
Finalmente, Reynoso expresó que su postulación representa una oportunidad para servir al país desde un espacio de mayor responsabilidad, contribuyendo a la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de las personas.
