La posible liberación del expresidente peruano Pedro Castillo está generando un intenso debate político en Perú, a pocas semanas de la investidura de Keiko Fujimori. Esto se produce tras el dictamen no vinculante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que recomendó su liberación al considerar que fue víctima de una detención arbitraria.

Castillo, quien se encuentra cumpliendo una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, fue arrestado por su propia escolta poco después de anunciar la clausura del Parlamento y la intervención de la Judicatura. Este anuncio se realizó en un contexto en el que el Congreso, dominado por la oposición, estaba a punto de intentar su destitución por tercera vez.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas analizó su arresto y determinó que Castillo aún estaba en funciones cuando fue detenido, ya que la destitución no se concretó por falta de votos y sin derecho a defensa. Este informe ha llevado a Castillo a presentar una nueva solicitud de gracia presidencial, además de un recurso de habeas corpus para buscar su liberación.

La gracia presidencial podría ayudar a Castillo a evitar otro proceso por presunta corrupción, aunque el indulto no podría aplicarse hasta que su condena por el intento de golpe de Estado sea firme. Actualmente, hay una apelación en curso que Castillo tendría que renunciar para aceptar su condena.

El presidente interino, José María Balcázar, quien fue elegido por el Parlamento para liderar el Gobierno de transición, ha prometido liberar a Castillo. Sin embargo, para llevar a cabo esta liberación, necesita el apoyo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien podría ser reemplazado si no está de acuerdo con la decisión.

El excandidato presidencial Roberto Sánchez ha hecho de la liberación de Castillo su principal causa tras perder las elecciones contra Fujimori. A pesar de su derrota por menos de 50,000 votos, ha continuado organizando marchas para exigir la excarcelación del exmandatario.

Por su parte, Fujimori, quien asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio, no ha emitido comentarios sobre la posible liberación de Castillo. Sin embargo, su liberación podría aliviar la presión social que enfrentará al asumir el poder, especialmente en las zonas rurales donde Castillo tiene un fuerte apoyo y ella es menospreciada.