La Ley No. 47-25, promulgada en julio de 2025, moderniza los procesos de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana, sustituyendo a la Ley No. 340-06. Su objetivo es fortalecer la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos, consolidando el papel de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) como órgano rector del sistema.

Esta nueva legislación introduce procedimientos de selección renovados y redefine los umbrales de contratación, incorporando modalidades diversas según la naturaleza y cuantía de las adquisiciones. Además, se establecen mecanismos de compras de menor cuantía con trazabilidad reforzada, lo que busca mejorar la supervisión y control de los recursos públicos.

Novedades para el sector privado

Para el sector privado, la Ley No. 47-25 representa tanto una oportunidad como un desafío, ya que exige un mayor profesionalismo en los procesos de contratación con el Estado. Las empresas deben tener en cuenta varios aspectos prácticos al participar en estos procesos.

En primer lugar, es fundamental el cumplimiento estricto de los requisitos formales y de fondo. Los pliegos y ofertas deben presentarse de manera adecuada, respetando plazos, formatos y especificaciones técnicas, ya que los procesos serán más rigurosos en su evaluación y verificación.

Asimismo, se requiere la implementación de sistemas de control interno y compliance. Las empresas deben documentar adecuadamente sus procesos de contratación, ejecución y facturación, además de contar con políticas anticorrupción y de integridad para evitar sanciones y proteger su reputación ante el Estado.

Por último, la modernización del sistema busca fomentar una competencia más limpia y objetiva. Las empresas que invierten en calidad, cumplimiento y trazabilidad tendrán acceso a un mercado más accesible, con reglas del juego más claras y justas.

Con este nuevo régimen, la contratación pública se establece como un vínculo regulado entre las empresas y el Estado, orientado a satisfacer necesidades colectivas bajo parámetros de legalidad y transparencia.