El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Alfonso Genao Lanza, anunció este martes que presentará un proyecto de modificación al nuevo Código Penal para fortalecer la protección del ejercicio médico y garantizar la libertad de expresión y de prensa, aprovechando el diálogo abierto por el Congreso Nacional.

La iniciativa incluye la modificación de los artículos 112, 114, 150, 208, 210 y 212, así como la derogación de los artículos 310 y 311, que han sido denominados como la «ley mordaza» debido a las sanciones que establecen para denuncias contra funcionarios públicos.

Genao Lanza explicó que, aunque estos artículos también están en el Código Penal vigente y han sido poco utilizados, representan una amenaza para la libertad de expresión al incluir penas que podrían limitar la denuncia y el trabajo de la prensa.

El proyecto será presentado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que sea discutido antes de que finalice la actual legislatura, que concluye el 26 de este mes.

El legislador valoró la apertura del Congreso para recibir observaciones de diversos sectores sobre la normativa, aunque subrayó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal no debe ser postergada.

«El Código Penal es una pieza muy importante y no se puede postergar su entrada en funcionamiento, ya que las conquistas que trae son más que las diferencias que pueda generar», afirmó Genao, quien destacó que las modificaciones propuestas son específicas y responden a los temas que han generado mayor debate en la opinión pública.

El anuncio se produce tras la apertura de un proceso de consultas por parte de la Cámara de Diputados para revisar los artículos más controvertidos del nuevo Código Penal, en respuesta a las objeciones de gremios y organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los temas más debatidos es la responsabilidad penal en la práctica médica, lo que ha llevado al Colegio Médico Dominicano (CMD) a solicitar cambios para proteger a los profesionales de la salud de sanciones que podrían afectar su ejercicio.

Otro punto de controversia son los artículos 310 y 311, que algunos legisladores y organizaciones defensoras de la libertad de prensa consideran que podrían restringir la libertad de expresión y el derecho a denunciar a funcionarios públicos, siendo calificados como una posible «ley mordaza».

El Congreso continúa abierto a recibir propuestas de modificación antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para agosto de este año.