La Comisión de Revisión de la Ley 16-26, que permite el pago a contratistas del Estado, llevó a cabo su primera sesión de trabajo en Santo Domingo, donde se aprobó un protocolo para su aplicación, con el fin de honrar los compromisos de terceros que cumplan con los requisitos establecidos.

Esta ley establece la creación de una comisión encargada de revisar reclamaciones derivadas de obras ejecutadas, ya sea con o sin contrato formal. La aprobación del protocolo fue realizada por la comisión, presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, e integrada por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot; y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.

Durante la sesión, los miembros de la comisión tomaron decisiones clave para establecer un marco operativo que permita implementar la legislación y avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas del Estado con los contratistas bajo principios de transparencia.

El protocolo aprobado detalla los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán el proceso de revisión, evaluación y tramitación de los expedientes, asegurando que este proceso sea de conocimiento público.

Este protocolo es un avance significativo para la ejecución de la ley, ya que proporciona reglas claras y ágiles que garantizan la seguridad jurídica en las actuaciones administrativas relacionadas.

Asimismo, la comisión se comprometió a remitir el protocolo a los veedores y a todas las instituciones involucradas en la legislación, con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de los procedimientos, así como la supervisión y rendición de cuentas.

La comisión enfatizó que es una prioridad avanzar con rapidez en la implementación de la ley, creando las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para iniciar el proceso de pago de las deudas reconocidas.

Además, se dará prioridad a los expedientes que estaban en revisión por la Contraloría General de la República al momento de la entrada en vigor de la normativa.

Finalmente, se recordó que la legislación afecta a contratistas de obras ejecutadas para entidades como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), entre otras instituciones estatales.