El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) presentó en agosto de 2026 una propuesta de nueva Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad, con el objetivo de actualizar el marco jurídico vigente establecido por la Ley 153-98. Esta iniciativa busca abordar las necesidades actuales y anticipar los desafíos que enfrentará la República Dominicana en los próximos diez a quince años en el ámbito digital.

La propuesta es fundamental para fortalecer la capacidad del Estado en la prevención y contención de amenazas que se propagan a través de la infraestructura digital. La inteligencia artificial ha ampliado las capacidades de quienes utilizan la tecnología para delinquir, haciendo que ataques como el phishing sean más convincentes y las falsificaciones audiovisuales más realistas.

Marco normativo actual y sus limitaciones

A pesar de los avances, la regulación debe anticiparse al riesgo y no limitarse a reaccionar ante los daños. La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Decreto 230-18, que creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), son ejemplos de los mecanismos establecidos para abordar estos delitos. Sin embargo, la dispersión del marco normativo plantea la necesidad de consolidar competencias y mecanismos de coordinación.

La identificación de amenazas, como dominios que distribuyen malware, requiere decisiones claras sobre quién valida la evidencia y qué autoridad puede ordenar medidas. Aunque existen herramientas técnicas para responder a estas amenazas, su aplicación debe estar respaldada por competencias legales definidas y procedimientos que permitan corregir errores.

Propuestas para una mejor regulación

El Estado tiene la responsabilidad de establecer controles en actividades que representen riesgos para la seguridad colectiva. En el ámbito digital, esto debe hacerse con cuidado, considerando la relación con la libertad de expresión y el acceso a la información. La Directiva europea NIS2 ofrece un modelo útil para organizar la defensa técnica del ciberespacio, estableciendo obligaciones de gestión de riesgos y notificación de incidentes.

La discusión sobre la nueva ley debe traducirse en medidas legislativas concretas, incluyendo un marco nacional de respuesta a amenazas digitales y un procedimiento claro para contener infraestructura maliciosa. También es esencial establecer obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, publicando estadísticas sobre bloqueos y sus fundamentos.

La seguridad nacional se extiende al ciberespacio, donde un ataque puede causar daños económicos y sociales significativos. La República Dominicana tiene la oportunidad de modernizar su legislación de telecomunicaciones, fortaleciendo su capacidad de prevención y respuesta ante amenazas digitales, sin otorgar al Estado poderes ilimitados sobre las comunicaciones.

Definir responsabilidades y procedimientos durante la elaboración de las normas es crucial para garantizar la protección de la infraestructura digital y de quienes dependen de ella. La transformación digital del país no solo se mide por la velocidad del internet, sino también por su capacidad de proteger esa infraestructura.