La Corte de Apelación de Barahona condenó a 15 años de prisión a Juan Carlos Peña Nín, también conocido como Moreno o Greydel Nín Matos, por trata de personas en la modalidad de esclavitud sexual y violación sexual, afectando a cinco víctimas. La decisión se tomó al considerar que la pena original era inferior al mínimo legal establecido por la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Además de la prisión, el tribunal ratificó una multa de 175 salarios mínimos del sector público a favor del Estado dominicano y una indemnización de RD$250,000 para cada una de las víctimas. La procuradora general de corte, Yoanna Bejarán Álvarez, destacó que esta decisión marca un precedente importante en la lucha contra este tipo de delitos en el país.

La fiscal Noelia Tavera, adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), lideró la litigación del caso junto a otros fiscales de la región. Los jueces Joselín Moreta Carrasco, Henrry Caraballo Matos y Juan Francisco Carvajal Cabrera acogieron la solicitud del Ministerio Público y emitieron la sentencia número 102-2026-SPEN-00051, elevando la pena del procesado, quien fue arrestado el 14 de febrero de 2024.

La corte aumentó la condena impuesta previamente por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia de Barahona, que había sido presidido por Wanda Deñó Suero. El Ministerio Público apeló la decisión inicial argumentando una violación al principio de legalidad penal y la falta de proporcionalidad de la sanción en relación con la gravedad de los hechos.

La corte aceptó los argumentos del Ministerio Público, señalando que la cantidad de víctimas, la reiteración delictiva, la violencia utilizada y el daño psicológico causado justificaban la elevación de la pena al mínimo legal. Asimismo, rechazó el recurso de apelación de la defensa, considerando que carecía de fundamento y que las pruebas vinculaban al acusado con los delitos.

Las abogadas Ángela María Díaz y Nicole Rivera, también adscritas a la PETT, representaron a las víctimas durante el proceso. La investigación, realizada en conjunto con el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía y la Fiscalía de Barahona, reveló que el condenado captaba a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad económica a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Peña Nín se hacía pasar por mujeres conocidas de las víctimas, ofreciéndoles supuestos empleos con remuneraciones de hasta USD$300 diarios. Una vez que las víctimas llegaban a Barahona e Independencia, eran llevadas a lugares controlados por él, donde les eran confiscados sus teléfonos y pertenencias, y eran sometidas a violaciones sexuales, torturas físicas, amenazas de muerte y extorsiones a sus familiares.