La Ley 30-26, que elimina el Impuesto a los Activos y los anticipos del ISR para los productores agropecuarios, busca beneficiar al sector agropecuario dominicano, permitiendo que los recursos que antes se destinaban a impuestos se reinviertan en el campo. Esta norma responde a una demanda de más de diez años por parte de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), que considera que la eliminación de estos impuestos corrige una distorsión que afectaba a agricultores, ganaderos y avicultores. A partir del ejercicio fiscal 2027, los productores podrán utilizar esos fondos para mejorar su producción y aumentar su capital propio.

El Impuesto a los Activos gravaba el patrimonio productivo, lo que significaba que un productor con activos valorados en RD$10 millones enfrentaba una carga anual, independientemente de su rentabilidad. Además, los anticipos del ISR obligaban a los productores a realizar pagos anticipados en momentos críticos, afectando su liquidez. Con la nueva ley, estas cargas desaparecen, permitiendo que los recursos permanezcan en las fincas y se destinen a la reinversión.

Impacto en la productividad

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) ha destacado que esta medida libera capital para la tecnificación y modernización de explotaciones, lo que puede aumentar la productividad del sector. Al dejar de destinar recursos a impuestos, los productores pueden enfocarse en mejorar sus activos y optimizar sus operaciones.

La Ley 30-26 también amplía el Régimen Simplificado de Tributación, aumentando el umbral de acceso de RD$12 millones a RD$15 millones en ingresos anuales. Este cambio facilita el cumplimiento tributario para pequeños productores que no cuentan con una estructura contable formal, permitiéndoles seguir beneficiándose de un régimen menos complejo.

Comparativa con otros sectores

Un contraste significativo se observa entre el sector agropecuario y el de los juegos de azar. Mientras los productores agropecuarios se benefician de exenciones fiscales, los casinos y otras actividades de entretenimiento enfrentarán incrementos significativos en sus impuestos. Por ejemplo, los casinos pagarán entre RD$70,000 y RD$100,000 mensuales por mesa, lo que refleja un enfoque fiscal que busca equidad en el tratamiento de diferentes sectores económicos.

La ley busca equilibrar la carga fiscal, permitiendo que los productores agropecuarios, que generan empleo y alimentos, tengan más capacidad para reinvertir y crecer. Esta política fiscal se fundamenta en la idea de que aliviando la carga sobre los pequeños y medianos productores, se fomenta el desarrollo rural.

Para aprovechar los beneficios de la Ley 30-26, los productores deben tomar medidas concretas. En primer lugar, es recomendable revisar la declaración fiscal con un asesor para calcular el ahorro real que se obtendrá a partir de 2027. En segundo lugar, deben evaluar si califican para el Régimen Simplificado ampliado, lo que podría reducir su carga administrativa. Finalmente, es crucial pensar en el ahorro como capital de inversión, canalizando esos recursos hacia mejoras productivas y fortaleciendo su capacidad de trabajo.