El abogado Gustavo Ramírez Merán denunció las condiciones «vergonzosas» en las que operan los tribunales de la República Dominicana, señalando que el reciente paro de jueces es un reflejo de la crisis y limitaciones del sistema judicial. Ramírez hizo estas declaraciones durante una entrevista en el programa “Aquí Hablamos Claro” de El Nuevo Diario TV.

El jurista, aunque no pasa mucho tiempo en los tribunales, afirmó conocer la realidad que enfrentan jueces, abogados y personal administrativo en los palacios de justicia. Describió las deficientes condiciones de operación, destacando la falta de espacios adecuados y personal suficiente para ofrecer un servicio digno.

En particular, Ramírez mencionó la situación en Santiago de los Caballeros, donde los jueces deben abandonar sus funciones para cubrir la falta de magistrados en la provincia Valverde. «Es extremadamente alarmante y peligroso», expresó, añadiendo que estos jueces se desplazan sin seguridad ni apoyo logístico.

Condiciones de los Palacios de Justicia

El abogado criticó el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, calificándolo como “un monumento a la vergüenza”, a pesar de que se ha iniciado la fase inicial de la Ciudad Judicial. Aseguró que aún no se cumplen las condiciones mínimas para ejercer la profesión de abogado con dignidad.

Asimismo, Ramírez se refirió al Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, describiéndolo como un lugar que «parece un mercado de las pulgas» debido al hacinamiento. Indicó que las instalaciones son antihigiénicas y carecen de condiciones adecuadas para el trabajo judicial.

También mencionó el Palacio de Justicia de San José de Ocoa, que, a pesar de ser relativamente nuevo, opera en condiciones inadecuadas. En este lugar, la mayoría de las oficinas y una sola sala de audiencias se utilizan para diversos tipos de casos, lo que genera un ambiente de trabajo ineficiente.

Ramírez concluyó que esta situación provoca retrasos en la emisión de sentencias y dilaciones excesivas en los procesos judiciales, lo que impide a los jueces tomar decisiones adecuadas en casos de prisión preventiva.