Un estudio reciente titulado Desigualdad en el acceso a Internet fijo: un análisis territorial para la República Dominicana advierte que, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento, la mayoría de las provincias del país tardarán entre 11 y 20 años en lograr una conectividad plena. La investigación, realizada por el profesor Wilson Ramírez del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), revela que el acceso a Internet es escaso y fragmentado, con solo 5 a 6 hogares de cada 10 conectados en el 87.5 % del territorio nacional.

El estudio destaca una notable disparidad en la conectividad entre las diferentes provincias. El Distrito Nacional lidera con una densidad de penetración del 26 %, mientras que la provincia Independencia muestra la situación más crítica con apenas un 1.60 % de conectividad. Esto implica que en esta provincia, por cada 100 personas, ni siquiera dos tienen acceso a un contrato de internet en su hogar.

La diferencia de 24.66 puntos porcentuales entre la zona más conectada y la menos favorecida subraya cómo el lugar de nacimiento de un dominicano impacta su acceso a herramientas esenciales en la actualidad. En este contexto, el profesor Ramírez ha desarrollado el Índice Ana-Mari, que identifica «zonas frágiles con potencial» en lugar de solo medir quién tiene o no acceso a Internet.

Este nuevo índice permite localizar territorios que, a pesar de estar rezagados, tienen una población creciente que demanda conexión. El estudio indica que estas áreas necesitan un incremento del 21.8 % en el acceso per cápita para alcanzar niveles mínimos de equidad.

El documento también advierte que «la conectividad universal no es inmediata» y señala que las provincias con baja penetración tienden a agruparse geográficamente, lo que crea grupos de exclusión que requieren planes nacionales escalonados y subsidios focalizados.

Además de diagnosticar el problema, el estudio propone una hoja de ruta diferenciada según la realidad de cada zona. En polos estables como el Distrito Nacional y La Romana, se sugiere optimizar la infraestructura existente y acelerar el despliegue de tecnologías avanzadas como el 5G.

Para territorios emergentes como Elías Piña y Pedernales, la estrategia debe enfocarse en reducir las barreras regulatorias para atraer nuevas operadoras. En contraste, para las zonas de rezago más crítico, se propone la intervención estatal directa, incluyendo incentivos fiscales y subsidios que faciliten el acceso al servicio.

El estudio concluye que, para lograr una verdadera inclusión social en República Dominicana, es crucial invertir en infraestructura tecnológica y desarrollar políticas públicas orientadas a la conectividad, especialmente en zonas digitalmente rezagadas, como la frontera del país. Sin una intervención decidida, el futuro digital de millones de dominicanos seguirá siendo lento y limitado.