El Tribunal Supremo español condenó al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años y 3 meses de cárcel por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas. La sentencia, emitida por unanimidad, también impone 19 años de prisión a su exasesor Koldo García y 4 años y medio al comisionista Víctor de Aldama, quien confesó el pago de sobornos.

Ábalos, quien fue un cercano colaborador del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue juzgado junto a García y Aldama en un caso que investiga comisiones ilegales en contratos de mascarillas. El alto tribunal considera a ambos responsables de delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, destacando el impacto negativo de la corrupción en la confianza ciudadana hacia el sistema político.

La sentencia revela que Aldama, al colaborar con la Justicia, evitó la prisión al aceptar condiciones como no cometer otro delito y presentar informes semestrales de actividades. Aldama había estado en prisión preventiva en un caso de fraude de hidrocarburos antes de decidir colaborar, afirmando que Ábalos y García recibieron sobornos de su parte a cambio de favores en contratos de mascarillas.

El Tribunal acredita que se adjudicaron 13 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, quien pagó comisiones a Ábalos y García. Se establece que Aldama canalizó comisiones por un total de 6,6 millones de euros y que solicitó 2 millones y 500,000 euros a ambos acusados, que fueron incluidos en sus previsiones de gastos.

Además, se confirma que Aldama abonó 10,000 euros mensuales a Ábalos y García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022. La condena a Ábalos también incluye irregularidades en la contratación de su expareja, Jéssica Rodríguez, en empresas públicas y el alquiler de propiedades en la costa para su uso personal.

Este caso se enmarca dentro del conocido como ‘caso Koldo’, un entramado de corrupción relacionado con el pago de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas. También se menciona la implicación de Santos Cerdán, otro exsecretario del PSOE, quien estuvo en prisión preventiva durante casi cinco meses.