Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ha propuesto la construcción de diez megacárceles para encarcelar a criminales, donde se les alimentará con «pan y agua». Este abogado millonario, que asumirá el cargo en agosto, busca aliarse con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y aplicar políticas de mano dura, inspirándose en líderes como Nayib Bukele de El Salvador y Daniel Noboa de Ecuador.

De la Espriella fue elegido el pasado domingo con un margen de menos de un punto porcentual sobre el senador Iván Cepeda, quien es cercano al ex presidente Gustavo Petro. Su victoria marca un giro hacia la derecha en un país que había sido gobernado por la izquierda durante los últimos cuatro años, cerrando un ciclo que había comenzado hace dos siglos con élites de derecha.

El nuevo mandatario ha expresado su intención de recortar drásticamente el tamaño del Estado y ha propuesto medidas extremas como bombardear guerrilleros y narcotraficantes con el apoyo de Donald Trump. Además, ha planteado revisar la permanencia de Colombia en organismos internacionales como la Naciones Unidas.

Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, vuelve a estar bajo el mando de un líder que busca estrechar lazos con Estados Unidos, especialmente en un contexto donde las relaciones se habían deteriorado durante el gobierno de Petro. De la Espriella, quien tiene nacionalidad colombiana y estadounidense, busca reincorporar a Colombia en la alianza anticrimen «Escudo de las Américas».

Su plan, denominado «Plan Colombia II», se inspira en la cooperación militar y económica que Washington brindó a Bogotá en el pasado para combatir a las guerrillas. En su primer discurso como presidente electo, afirmó que no habrá «zonas vedadas para el Estado» y que todos los criminales serán perseguidos sin excepción.

Las propuestas de De la Espriella han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles violaciones en las megacárceles. Además, sus adversarios han señalado un posible enfoque autoritario en su discurso, lo que podría escalar la violencia en el país.

El presidente electo también ha manifestado su intención de flexibilizar el porte de armas para civiles, afirmando que aquellos que demuestren idoneidad física y psicológica podrán portar armas. Esta medida ha sido parte de su campaña para reforzar la seguridad en el país.

Colombia enfrenta un déficit fiscal cercano al 7% del PIB, el segundo más alto de la región. Durante su campaña, De la Espriella sugirió que la dolarización de la economía sería «ideal» y propuso impulsar el fracking para aumentar la producción energética, además de reducir el tamaño del Estado en un 40% y bajar impuestos a las empresas.

En cuanto a la cooperación internacional, el presidente electo ha indicado que está dispuesto a revisar la continuidad de Colombia en organizaciones como la OEA y ha criticado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerándola una «farsa». También ha planteado la posibilidad de cerrar embajadas en el exterior y convertir las que queden en centros de negocios.