República Dominicana ha mantenido su clasificación en el Nivel 2 en el informe más reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos, gracias a sus esfuerzos en la lucha contra la trata de personas. Esta evaluación destaca el aumento en las condenas y procesamientos, así como una reforma legal que endureció las penas por este delito.
La permanencia en el Nivel 2 continúa el progreso logrado en 2025, cuando el país salió de la Lista de Vigilancia. Aunque se reconocen esfuerzos significativos para combatir la trata, el informe indica que el Gobierno aún no cumple plenamente con los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense.
Aumento de condenas y procesamientos
En 2025, los tribunales condenaron a 30 traficantes, un aumento significativo en comparación con los 11 condenados en 2024. Entre los sentenciados se encuentra un agente de la Policía Nacional, quien recibió una pena de 20 años por trata sexual. Además, los procesamientos también se incrementaron, pasando de 50 presuntos traficantes en 2024 a 73 en 2025.
El informe resalta la modificación de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, realizada en julio de 2025. Esta reforma aumentó las penas por trata, eliminó el plazo de prescripción y estableció la responsabilidad de funcionarios que no actúen para prevenir estos delitos.
Identificación y atención a víctimas
El Gobierno identificó a 139 víctimas en 2025, un ligero aumento respecto a las 136 del año anterior, y todas fueron remitidas a servicios gubernamentales o financiados por el Estado. De las víctimas extranjeras, 106 eran colombianas.
Los tribunales también ordenaron a siete traficantes condenados pagar 21.77 millones de pesos en restitución a cuatro víctimas, aunque las apelaciones pendientes han impedido la ejecución de esos pagos durante el período evaluado.
El informe clasifica a los gobiernos en cuatro categorías según su cumplimiento de los estándares mínimos establecidos por la ley estadounidense. El Nivel 1 corresponde a aquellos que cumplen plenamente, mientras que el Nivel 2 agrupa a los que no lo hacen, pero realizan esfuerzos significativos.
A pesar de los avances, el informe señala que las investigaciones por trata han disminuido de 229 a 94. El Gobierno reportó solo ocho investigaciones por trabajo forzoso y una por una modalidad no especificada, mientras que la identificación de víctimas de trabajo forzoso sigue siendo un desafío, con solo una reconocida en 2025, frente a 13 en 2024.
El programa piloto para registrar a trabajadores migrantes en el sector azucarero no ha avanzado significativamente, y la falta de documentos de identidad para algunos trabajadores los expone a mayores riesgos de explotación. Además, el Gobierno no ha informado sobre servicios especializados para hombres víctimas de trata, y se han reportado irregularidades en la detección de víctimas entre migrantes antes de su deportación.
La evaluación del Departamento de Estado destaca una respuesta más activa del Gobierno dominicano y el progreso que ha permitido al país salir de la Lista de Vigilancia. Sin embargo, ampliar la investigación de la explotación laboral y fortalecer la protección de las víctimas son tareas necesarias para cumplir con los estándares mínimos establecidos.
