En lo que va de octubre, la Policía Nacional ha reportado la muerte de 20 personas durante operativos, manteniendo el alto índice de decesos registrado en septiembre, que cerró con 55 muertes, la cifra más alta del año. Las víctimas eran buscadas por su presunta participación en delitos como homicidio, robo a mano armada y despojo de motocicletas, y sobre ellos pesaban órdenes de captura.
Ante esta situación, el presidente Luis Abinader instó a quienes tienen órdenes de arresto a entregarse a las autoridades, advirtiendo que aquellos que no lo hagan serán perseguidos por la Policía. Esta exhortación ha llevado a algunas personas a optar por entregarse.
Investigaciones y protocolos
Diario Libre solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre las investigaciones relacionadas con estas muertes y los protocolos aplicados en intervenciones policiales. Sin embargo, la PGR no proporcionó estadísticas ni detalles sobre los procedimientos, argumentando la reserva de las investigaciones penales y la protección de datos personales.
La Procuraduría indicó que la divulgación de ciertos datos podría comprometer procesos judiciales y derechos de terceros. A pesar de esto, varias de las preguntas realizadas por el periódico buscaban cifras generales y resultados procesales, sin requerir información confidencial.
Entre las interrogantes sin respuesta se encuentra el procedimiento que sigue el Ministerio Público cuando ocurre una muerte durante una intervención policial, así como la necesidad de preservar la escena, realizar autopsias y análisis balísticos.
Demandas de investigación
En medio de estas muertes, el abogado Carlos Balcácer y otros siete juristas solicitaron al Ministerio Público una «investigación inmediata e independiente» sobre al menos 47 muertes de jóvenes en operativos policiales entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre. Los abogados cuestionan la falta de una investigación fiscal independiente en estos casos.
Durante una rueda de prensa, Balcácer acusó al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, de incurrir en conductas sancionadas por el nuevo Código Penal al instar a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) a cometer asesinatos de jóvenes.
Los juristas exigieron esclarecer las circunstancias de cada muerte y determinar las responsabilidades penales de los agentes policiales y de los representantes del Ministerio Público involucrados. Para ello, piden examinar autopsias, pruebas balísticas y testimonios de testigos.
Entre las personas fallecidas a manos de la Policía se encuentran José Agustín Piña, conocido como «Boboli»; Wander Cuevas, alias «El Poli»; y Adolfo María Bello Heredia, de 39 años, conocido como «Jhonathan», entre otros. Esta lista incluye a varias personas cuyos apodos son «Bobo» y «Skari Mecánico», de las cuales una no ha sido identificada por las autoridades.
