En marzo de 2022, la Cancillería dominicana publicó un documento que detalla una escala de remuneraciones para los funcionarios diplomáticos, un mandato de la Ley 630-16 que no se había aplicado durante años. El Ministerio explicó que la gran cantidad de nombramientos en el servicio exterior dificultaba su implementación, y solo la reducción de esta nómina permitió generar el ahorro necesario para mejorar las condiciones de quienes representan al país en el extranjero. Hasta ese momento, la asignación de recursos a los diplomáticos se caracterizaba por la discrecionalidad.

Este reconocimiento revela que hubo un exceso de nombramientos y falta de criterio en la retribución. A pesar de la percepción de que la diplomacia es un gasto prescindible, la realidad sugiere que el problema no es cuánto se destina al servicio exterior, sino cómo se utiliza ese dinero.

El presupuesto aprobado del Ministerio de Relaciones Exteriores para 2026 asciende a 12,463.8 millones de pesos, menos del uno por ciento del gasto público. Aunque esta cifra puede parecer modesta, el desglose muestra que casi la mitad, 5,967.2 millones, se destina a remuneraciones y contribuciones, mientras que los alquileres y viáticos suman 1,806.4 millones y 1,109.1 millones, respectivamente. En total, el 71% del presupuesto se utiliza para cubrir sueldos, alquileres y viáticos.

Al hablar de inversión, es crucial considerar el retorno. La presencia diplomática se logra a través de nombramientos, pero la verdadera capacidad se construye con formación, especialización y experiencia. Mientras que los nombramientos generan imágenes de presentación, la capacidad produce resultados que rara vez se atribuyen a una sola persona.

Capacidades y competencias

Un área donde el Estado dominicano ha acumulado competencia real es en la negociación comercial. La Ley 630-16 establece que la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales coordina estas negociaciones, y la experiencia acumulada ha permitido que hoy nadie improvise en este campo. Este modelo ha demostrado ser efectivo.

Sin embargo, en otros campos como el análisis de riesgo político y el derecho internacional especializado, la falta de órganos permanentes y práctica acumulada es preocupante. En estos casos, se contrata por proyecto, lo que significa que el Estado paga y utiliza el conocimiento sin retenerlo, incurriendo en gastos repetidos sin adquirir la competencia necesaria.

Inversión y prioridades

La pregunta clave es si estamos pagando por estar o por saber. La reciente escala de remuneraciones ha sustituido la discrecionalidad por un criterio uniforme, considerando el costo de vida en cada ciudad y la importancia de cada misión. Los decretos de rotación y alternancia aplican mecanismos que la Ley 630-16 había previsto, pero que permanecieron sin implementar durante mucho tiempo.

El Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, encargado de formar al personal del servicio exterior, tiene un presupuesto para 2026 de 177.2 millones de pesos, solo el 1.4% del presupuesto del Ministerio. Esto significa que lo que se gasta en alquileres de locales en el exterior supera diez veces el presupuesto del instituto, y de esos 177.2 millones, tres cuartas partes se destinan a nómina, dejando solo 43 millones para programas y formación.

La diplomacia no promete resultados inmediatos, pero ofrece la posibilidad de que el país decida su lugar en el mundo. Esta capacidad se adquiere con criterio y no con volumen, y ahorrar en diplomacia puede resultar en costos mayores a largo plazo. Es fundamental debatir sobre lo que se ha comprado con las inversiones realizadas hasta ahora, ya que los documentos están disponibles para su revisión.