El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó este lunes que los exfuncionarios Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou incurrieron en lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al beneficiarse de fondos desviados desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR). Esta decisión se produjo durante la lectura de las motivaciones de la sentencia del caso Coral y Coral 5G.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo expusieron que las pruebas presentadas durante el juicio evidenciaron un esquema de sustracción de recursos públicos mediante nóminas irregulares y otros mecanismos, lo que resultó en un incremento patrimonial de varios de los procesados. En el caso de Torres Robiou, se determinó que participó en los mecanismos de desvío de recursos mientras dirigía el CESTUR.

El tribunal indicó que las evidencias demostraron que parte de los fondos sustraídos fueron utilizados para adquirir bienes que incrementaron de manera injustificada el patrimonio de Torres Robiou. Las magistradas afirmaron que los bienes y recursos que manejaba no guardaban proporción con sus ingresos como funcionario público.

Las juezas consideraron insuficientes los documentos presentados por la defensa para justificar el origen de los fondos movilizados entre 2017 y 2019. Señalaron que los pagos reportados por servicios prestados eran mínimos en comparación con el volumen de dinero que manejó durante ese período.

Además, el tribunal observó que Torres Robiou recurrió a préstamos bancarios para justificar movimientos financieros que alcanzaron hasta RD$65 millones anuales, una práctica que también fue utilizada por otros miembros de la estructura para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

En el caso de Adán Cáceres, las magistradas concluyeron que las experticias financieras y los análisis patrimoniales evidenciaron un crecimiento económico incompatible con sus ingresos como director del CUSEP. Se destacó que, poco después de asumir el cargo en 2012, Cáceres comenzó a adquirir bienes y asumir compromisos financieros que no podían ser sustentados con su salario oficial.

Las juezas señalaron que varios de los préstamos contraídos por Cáceres fueron liquidados de manera anticipada, utilizando recursos provenientes de los fondos desviados de las instituciones involucradas en el caso. El caso Coral y Coral 5G involucra a militares, civiles y empresas acusados de integrar una red de corrupción que, según el Ministerio Público, habría distraído más de RD$4,500 millones mediante operaciones fraudulentas.

Hasta el momento de esta información, el tribunal aún no había concluido la lectura íntegra de la sentencia ni dado a conocer la parte dispositiva del fallo, continuando con la exposición de las motivaciones y la valoración de las pruebas presentadas durante el proceso.