La política de bienestar social en Europa enfrenta una crisis de sostenibilidad sin precedentes, afectada por una desaceleración económica prolongada, un elevado endeudamiento fiscal y un alto gasto social debido al rápido envejecimiento demográfico. El crecimiento del PIB se sitúa en un 1.1% para Europa y 0.9% para la eurozona, con una previsión inflacionaria del 3.1%.

Según Eurostat, el gasto en salud de la Unión Europea representó el 10.0% del producto interior bruto (PIB) en 2023, mientras que el gasto en pensiones alcanzó el 12.3%, sumando un total de 22.3%%. Esta tendencia al alza se debe al aumento de la esperanza de vida, lo que genera presiones fiscales que no son exclusivas de Europa.

El descontento social crece ante el desempleo y el deterioro de los servicios públicos. En Francia, se han registrado protestas masivas por recortes en educación y austeridad fiscal, con disturbios que han resonado en Italia, Alemania, Bélgica y Portugal, generando temores de un contagio en otros países.

Las protestas reflejan la incertidumbre por la caída de la productividad y la pérdida de poder adquisitivo, afectando incluso a las familias de ingresos medios. Existe un creciente temor a la reducción de conquistas sociales y a tener que asumir el costo de ajustes fiscales inevitables.

Los gobiernos, en un intento por contener las protestas, buscan ajustes a corto plazo, mientras que los políticos evitan recortes en prestaciones, dejando las reformas estructurales para sus sucesores. Esto alimenta un círculo vicioso que encarece el costo social y fiscal de las reformas necesarias.

A pesar de que el Estado de bienestar europeo sigue siendo amplio y operativo, su viabilidad se cuestiona cada vez más. La ultraderecha ha ganado influencia en varios países, cuestionando las conquistas sociales y la inmigración, lo que coloca al modelo de bienestar en una situación delicada.

El sistema previsional europeo, que nació con un desequilibrio actuarial, enfrenta un déficit creciente debido a la relación cada vez más desfavorable entre cotizantes y jubilados. Por ejemplo, en 1965, había 4.3 cotizantes por pensionado en Francia, cifra que se redujo a 1.41 en 2024.

Este envejecimiento ya compromete casi la cuarta parte del PIB en salud y pensiones, un proceso agravado por la recesión económica y la falta de liderazgo para recuperar la productividad. La solución no radica en simples recortes, sino en un pacto social que restablezca la capacidad de ahorro del sistema público de reparto.

Es esencial avanzar hacia una correspondencia entre los años de aportes y los años de retiro, así como entre el porcentaje de cotización y la tasa de reemplazo, para asegurar la sostenibilidad del bienestar social en el futuro.