La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) exigió este jueves que la propuesta de modernización de la Ley Minera incluya mecanismos de gobernanza y supervisión para el manejo del 5 % de los beneficios netos destinados a los municipios donde operan proyectos extractivos. La entidad busca establecer reglas claras para la administración y fiscalización de esos recursos, que deben dirigirse a obras de impacto en las comunidades mineras.

Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, destacó que “el 5 % ya existe como principio de compensación territorial” y enfatizó la necesidad de que la ley establezca una gobernanza clara para asegurar que esos recursos se utilicen en obras prioritarias, auditables y verificables por las comunidades. La propuesta incluye planificación municipal, participación comunitaria, auditorías independientes y mecanismos de vigilancia ciudadana para supervisar el uso de los fondos.

Camipe también subrayó la importancia de evitar que esos recursos sean absorbidos por gastos corrientes o decisiones discrecionales, orientándolos hacia proyectos de infraestructura y desarrollo local. Entre las áreas priorizadas se encuentran obras de agua potable y saneamiento, reparación de caminos vecinales y carreteras secundarias, así como el fortalecimiento de centros de salud y escuelas.

Además, la organización destacó la necesidad de formación técnico-profesional, infraestructura productiva y proyectos ambientales relacionados con reforestación y manejo de cuencas. Actualmente, el sector minero representa más del 50 % de las exportaciones nacionales y genera un aporte fiscal anual superior a RD$45,000 millones.

A pesar de esto, Camipe considera que los beneficios económicos de la actividad minera deben reflejarse con mayor impacto en las comunidades donde se desarrollan los proyectos extractivos. Esta propuesta forma parte de la discusión sobre la actualización de la Ley Minera, vigente desde 1971, lo que permitiría alinear el sector con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la Meta RD 2036.

Una legislación actualizada, según la entidad, contribuiría a fortalecer la planificación estatal, atraer inversión extranjera y promover el desarrollo sostenible en los territorios vinculados a la minería. En este sentido, Roberto Despradel, director ejecutivo de Despradel & Asociados, indicó que la inversión extranjera del sector minero superó los US$260 millones el año pasado, según cifras del Banco Central.

Despradel agregó que el fortalecimiento del marco jurídico ayudaría a consolidar la legitimidad social del sector y garantizar que la inversión genere desarrollo sostenible en las comunidades. Camipe, fundada en 1997, es una organización privada sin fines de lucro que promueve el desarrollo del sector minero y petrolero dominicano y fomenta políticas públicas relacionadas con las industrias extractivas.