Bolivia advirtió este miércoles que la crisis política y social provocada por protestas y bloqueos de caminos representa un «desafío» para las democracias en América, durante la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El canciller boliviano, Fernando Aramayo, enfatizó que los conflictos internos de los países afectan la estabilidad democrática de toda la región.

Aramayo destacó que la situación en Bolivia ilustra que los desafíos democráticos no son solo nacionales, sino que son problemas compartidos. Durante su intervención, afirmó que el reciente conflicto plantea un reto para las democracias americanas: garantizar el derecho a la protesta y la expresión de diferencias sin comprometer el funcionamiento del Estado ni la convivencia ciudadana.

Cooperación internacional y diálogo

El canciller subrayó que «ninguna democracia puede sostenerse en soledad» y que el fortalecimiento de la cooperación internacional es esencial para preservar la gobernabilidad en la región. Resaltó que la experiencia boliviana muestra que las crisis profundas pueden ser enfrentadas mediante mecanismos institucionales y democráticos que respeten la soberanía nacional.

Aramayo también mencionó que las democracias pueden salir fortalecidas de momentos de tensión si mantienen abiertos los canales de diálogo y protegen el orden constitucional. En este contexto, agradeció el respaldo internacional y la asistencia humanitaria recibida durante las siete semanas de protestas en Bolivia.

Entre los apoyos destacados, mencionó el de Chile, con el que Bolivia mantiene relaciones diplomáticas suspendidas a nivel de embajadores desde 1978, debido a un histórico reclamo marítimo. Además, agradeció la disposición del Gobierno de Panamá para promover una misión de cancilleres y ministros de Defensa junto a Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Paraguay para acompañar la situación en Bolivia.

Las protestas comenzaron el 6 de mayo, impulsadas por sectores campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), que luego fueron apoyados por grupos afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien llevaba siete meses en el poder cuando inició la crisis.

Los bloqueos generaron escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejando al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 estaban relacionados con la falta de atención médica oportuna. El conflicto también provocó pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares, según datos de las autoridades.

Tras siete semanas de enfrentamientos y tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, el presidente Paz decretó un estado de excepción el sábado para levantar los bloqueos. Posteriormente, la Policía y el Ejército fueron desplegados en diferentes carreteras para restablecer la circulación.