La dirección del Estado debe estar en manos de personas con un profundo conocimiento de su estructura y un firme compromiso con la función pública, en lugar de reducirse a la acumulación de selfies con políticos extranjeros o discursos ruidosos. Actualmente, se observa una confusión entre visibilidad y virtud, donde muchos aspirantes a altos cargos intentan compensar su falta de preparación con imágenes calculadas y discursos importados.

La contienda democrática ha degenerado en una plataforma digital donde se prioriza la viralidad sobre la capacidad gerencial. Este fenómeno es peligroso, ya que la superficialidad de las redes sociales no puede resolver los problemas nacionales que requieren atención seria y comprometida.

La importancia de la formación y la experiencia

Administrar el poder implica gestionar instituciones y recursos públicos, lo que demanda formación, experiencia y idoneidad. La falta de estos elementos no solo expone a los funcionarios a cometer errores, sino que también compromete a toda la sociedad, que debe asumir las consecuencias de la ignorancia en el ejercicio de la autoridad.

La democracia no se limita a la celebración de elecciones, sino que también implica la promoción y defensa del sistema de gobierno. La Carta Democrática Interamericana y la ONU destacan la importancia de la institucionalidad y el Estado de derecho como pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente.

En el contexto dominicano, el artículo 138 de la Constitución establece que la Administración Pública debe regirse por principios de eficacia y transparencia. La corrupción no solo se manifiesta a través del desfalco de fondos, sino también por conductas negligentes que afectan la integridad y eficiencia del servicio público.

La carrera administrativa como salvaguarda

La carrera administrativa es fundamental para un Estado de derecho que no debe depender de lealtades partidistas. La incorporación de servidores públicos evaluados y sometidos a reglas de mérito es esencial para garantizar una gestión eficiente.

Los tribunales han respaldado la profesionalización del aparato estatal, enfatizando que el acceso al empleo público debe regirse por criterios de mérito. En este sentido, la Sentencia TC/0888/23 del Tribunal Constitucional dominicano reconoce la importancia del mérito en la función pública.

Requerir altos niveles de idoneidad no implica crear una aristocracia académica, sino asegurar que quienes lideran tengan la capacidad necesaria. La verdadera desigualdad surge de diseñar perfiles de exclusión, no de establecer estándares de aptitud.

El control sobre las capacidades de los funcionarios es crucial, como lo demuestra el Consejo de Estado de Colombia al anular nombramientos que no cumplían con los requisitos legales. La preparación profesional es un mandato jurídico que debe ser verificado judicialmente.

La idoneidad democrática no se limita a la acumulación de títulos, sino que implica la capacidad de someterse al ordenamiento jurídico. La diferencia entre un líder respetuoso y un autoritario radica en su comprensión del poder como un servicio a la colectividad.

La crisis institucional en Venezuela ilustra las consecuencias del patrimonialismo gubernamental, donde el Estado se convierte en un instrumento de control en lugar de un servicio al ciudadano. La falta de contrapesos constitucionales no es exclusiva de una corriente política, como se evidenció en Bolivia.

Es esencial observar liderazgos que respeten la legalidad, como los casos de los presidentes de Chile y Uruguay, quienes demostraron que el poder es transitorio y que una derrota electoral no justifica la destrucción del pacto democrático. La verdadera lucha en las sociedades contemporáneas es entre la defensa de la cultura institucional y la voracidad personalista.

La ciudadanía debe mantener una agudeza crítica para no dejarse engañar por el ilusionismo de las campañas mediáticas. La notoriedad en redes sociales no sustituye la falta de competencias técnicas, y el daño por incompetencia perdura en el tiempo.

Finalmente, la evolución democrática requiere nuevos actores y una representación política más amplia, pero siempre acompañada de responsabilidad y lealtad al Estado de derecho. La historia demuestra que la pulsión autoritaria persiste, y entregar el poder a quienes carecen de las aptitudes necesarias degrada el ejercicio de la autoridad y pone en riesgo la libertad cívica.