Un programa en Estados Unidos ha establecido una ayuda de US$328 por hectárea para los productores de arroz, lo que plantea interrogantes sobre la competencia con el sector arrocero de la República Dominicana. Esta medida es parte de un sistema de apoyo que protege a los agricultores estadounidenses frente a caídas de precios y dificultades de comercialización. La situación es relevante para el país caribeño, donde la apertura a las importaciones genera preocupaciones sobre las condiciones de competencia.

El programa, denominado Farmer Bridge Assistance, fue aprobado en febrero de 2026 para cultivos sembrados en 2025. La ayuda de 132.89 dólares por acre de arroz, que equivale a 328 dólares por hectárea, es la mayor tasa de apoyo entre los cultivos incluidos, superando al algodón, maíz, trigo y soya. Esta transferencia pública puede ser crucial para mantener la viabilidad de las explotaciones agrícolas, incluso cuando las ventas no cubren los costos de producción.

Para calcular el apoyo, las autoridades estadounidenses estimaron un rendimiento de 75.06 quintales por acre y un precio de 11.60 dólares por quintal. Esto resulta en un ingreso estimado de 870.70 dólares por acre, frente a unos costos de producción de 1,307.68 dólares, lo que implica una pérdida de 436.98 dólares por acre. La ayuda de 132.89 dólares cubre aproximadamente el 30.4% de esa pérdida.

Además de este apoyo extraordinario, Estados Unidos cuenta con mecanismos permanentes de protección como el Price Loss Coverage (PLC), que ofrece compensaciones cuando los precios caen por debajo de un umbral establecido. La legislación de 2025 incrementó el precio de referencia del arroz de 14 a 16.90 dólares por cien libras, lo que refuerza la protección frente a precios bajos, aunque no garantiza la compra de toda la cosecha a ese precio.

El programa Agriculture Risk Coverage (ARC) también proporciona respaldo ante disminuciones de ingresos, y existen préstamos federales que permiten usar la cosecha como garantía. En 2023, el Departamento de Agricultura habilitó hasta 250 millones de dólares para los productores de arroz, basándose en las superficies sembradas en 2022.

Para la República Dominicana, estos mecanismos de apoyo estadounidense son un factor importante en el debate comercial, ya que el precio del arroz importado proviene de un sector que recibe respaldo público. Esto no implica necesariamente que las ventas sean inferiores a los costos, pero sí obliga a considerar las ayudas al evaluar la competencia, junto con otros factores como productividad y calidad.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que la derogación del Decreto 635-26 sobre el régimen arancelario del arroz no significa que el Gobierno abandone a los productores. Según él, el presidente Luis Abinader sigue comprometido con la producción nacional de arroz, enfocándose en fortalecer la productividad y competitividad del sector.

Espaillat destacó que el arroz es un rubro estratégico para la seguridad alimentaria del país y sostiene miles de empleos en la economía rural dominicana. La decisión sobre el régimen arancelario, según el ministro, responde a una visión de Estado que considera los compromisos comerciales asumidos por la República Dominicana.