El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la Policía Nacional pagar RD$1.1 millones a Willis Darío Salazar Jiménez por el astreinte acumulado, debido a su incumplimiento en el pago de salarios atrasados. La alta corte calificó de «reticente» la actitud de la institución al reintegrar al excapitán, pero no cumplir con las órdenes de pago establecidas en la sentencia.
En la sentencia TC/0986/26, el tribunal determinó que la Policía debe abonar un millón ciento cuatro mil pesos, correspondientes a los dos mil pesos diarios fijados para presionar a la institución a cumplir con la decisión judicial. Este monto se calcula desde el 11 de octubre de 2024, cuando la Policía recibió el fallo, hasta el 16 de abril de 2026, fecha en que Salazar solicitó la liquidación del astreinte.
Incumplimiento de la Policía Nacional
La sentencia TC/0425/24, emitida el 11 de septiembre de 2024, ordenó el reintegro de Salazar a la Policía en el rango que poseía al ser cancelado, así como el pago de los salarios dejados de percibir. Aunque la Policía lo reintegró el 29 de mayo de 2025, el TC no encontró evidencia de que se hubiera cumplido con el pago de los salarios y otros derechos derivados de su desvinculación.
La Policía tampoco presentó un escrito de defensa ni pruebas de cumplimiento ante la solicitud de liquidación de los salarios atrasados. El tribunal destacó que esta conducta es incompatible con el deber de acatar decisiones jurisdiccionales firmes, lo que compromete la seguridad jurídica y el principio de justicia pronta y oportuna.
El TC subrayó que la ejecución de las sentencias es esencial para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. En cuanto a los salarios atrasados, el tribunal indicó que no hay justificación para que la Policía no haya procedido al pago de esos montos.
Este reproche se suma a un patrón documentado de incumplimiento por parte de la Policía Nacional. Según un informe del tribunal, la institución había incumplido 24 de las 93 sentencias incluidas en el documento, y en al menos 32 casos, las personas favorecidas tuvieron que regresar al TC para reclamar la ejecución de sus decisiones.
El 31 de agosto de este año, el TC también criticó a la Policía en otra sentencia por no entregar documentos ordenados, calificándola de «reticente» e «irresponsable», y estableció otra astreinte contra la institución. El astreinte de dos mil pesos diarios seguirá acumulándose hasta que la Policía cumpla íntegramente la sentencia, incluyendo el pago de los salarios atrasados.
