La audiencia para determinar la medida de coerción contra el mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy, acusado de la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, fue aplazada este lunes.

El tribunal aceptó varios pedidos procesales de la defensa, lo que retrasa el avance del caso.

Tras la audiencia, las partes involucradas ofrecieron versiones contradictorias. El abogado de los querellantes, Narciso Martínez Castillo, indicó que el Ministerio Público ha calificado provisionalmente el hecho como homicidio voluntario, aunque señaló que hay elementos que podrían elevar la acusación a asesinato.

“El Ministerio Público lo ha calificado de homicidio voluntario, pero hay ingredientes adicionales que podrían cambiar la calificación”, afirmó.

Martínez Castillo también mencionó que hay testigos que observaron al imputado acechando a la víctima.

“Estamos hablando de un asesinato; la niña recibió un disparo en la nuca, un tiro certero”, sostuvo.

Además, rechazó la teoría de un intento de atraco, considerándola una defensa sin fundamento. “Esa teoría del asalto queda debidamente descartada”, enfatizó.

La familia de la víctima ha declarado que existían antecedentes de una posible fijación del imputado hacia Perla.

“Ya habían indicios de que había cierta fijación hacia la niña”, añadió Martínez Castillo.

En respuesta, el abogado defensor, Rolando Corniel Mateo, explicó que el tribunal tomó tres decisiones clave: programar una entrevista en cámara Gesell a un menor, aplazar la audiencia para que la defensa revise la carpeta probatoria y establecer una nueva fecha para la audiencia de coerción, fijada para el 6 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Corniel Mateo descalificó las acusaciones de la parte querellante, considerándolas una estrategia emocional. “Eso es pura coartada, pura expulsa frente al fracaso de una familia que perdió a una niña”, argumentó.

También sugirió que la menor estaba en compañía de personas de reputación dudosa la noche del incidente y que el imputado fue víctima de un intento de atraco.

El abogado defendió que el oficial actuó correctamente al reportar el incidente a sus superiores.

“El oficial subalterno hizo lo correcto al reportar la novedad y entregarse”, afirmó.

El caso se reanudará el 6 de enero de 2026, cuando el tribunal evaluará la solicitud de medida de coerción, tras el acceso completo a las pruebas por parte de ambas partes.