La proliferación de bancas de lotería en la República Dominicana ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 100,000 unidades operando, según estimaciones, en un país que solo cuenta con aproximadamente 7,931 centros educativos públicos. Esta situación se hace evidente en barrios de la capital y en zonas rurales, donde las bancas de lotería han reemplazado espacios que deberían ser destinados a escuelas y templos. El fenómeno refleja una inversión en el juego de azar en lugar de en la educación y el desarrollo social.

Impacto en la educación y la sociedad

En municipios como Hato Mayor del Rey, la situación es crítica, con casi 900 puntos de venta de números frente a apenas 140 centros educativos. Esto se traduce en una banca por cada 100 habitantes, lo que plantea serias dudas sobre las oportunidades educativas en la comunidad. La pregunta surge: ¿cómo puede un pueblo educarse cuando tiene diez oportunidades de apostar por cada oportunidad de aprender?

El Gobierno intentó abordar el problema en abril de 2026 con el Decreto 197-26, que reactivó el Plan Nacional de Regularización. Sin embargo, a un mes de su emisión, la efectividad del decreto es cuestionada, ya que las bancas ilegales continúan operando y modernizándose sin control. Esto genera desconfianza en la gestión gubernamental, ya que el control de estos negocios parece estar ligado a intereses políticos.

Consecuencias para la población vulnerable

El impacto de esta proliferación de bancas de lotería es especialmente doloroso para los sectores más vulnerables de la sociedad. Es común ver a niños, recién salidos de la escuela, entrar a estos locales para «hacer un mandado» para sus padres, lo que normaliza el vicio desde la infancia. El juego de azar se convierte así en un impuesto al hambre, donde los más desfavorecidos entregan su dinero en busca de un milagro matemático.

El desarrollo humano se ve comprometido en un entorno donde el país se asemeja a un casino a cielo abierto. Las voces de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y de líderes religiosos deben ser escuchadas, ya que el gobierno enfrenta una decisión crucial: optar por una generación educada y productiva o por una población dependiente del azar y la ludopatía.

La ludopatía es un trastorno adictivo que afecta gravemente la salud mental y las relaciones interpersonales, y se considera una adicción sin sustancia. La regulación del juego no puede limitarse a documentos oficiales; debe implementarse con fuerza en cada rincón donde una banca ilegal ocupa el espacio de oportunidades educativas. La República Dominicana necesita un cambio que priorice la formación sobre el juego.