En los primeros cinco meses de este año, 30 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la República Dominicana, lo que representa un aumento del 36.4 % en comparación con el mismo período de 2022. Este incremento ha dejado un saldo de ocho víctimas más que el año pasado, evidenciando una crisis de seguridad que afecta a la sociedad. De estas víctimas, solo cuatro habían presentado denuncias ante las autoridades.

Las cifras proporcionadas por la Policía Nacional no solo son estadísticas, sino que reflejan el colapso de un sistema preventivo que, según las autoridades, resulta insuficiente. El reciente asesinato de Indhira Carolina Beltré, de 33 años, a manos de su expareja en Santo Domingo Este, reavivó las alarmas sobre la violencia de género en el país.

Otro caso ocurrió en Saballo, Imbert, donde una mujer sobrevivió a un ataque con múltiples estocadas por parte de un hombre con quien mantenía una relación. El informe de criminalidad presentado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, indica que el 87 % de las víctimas no había denunciado a sus agresores, lo que pone de manifiesto la falta de protección que enfrentan muchas mujeres.

La situación se agrava con casos como el de Esmeralda Moronta, quien había denunciado acoso por parte de su expareja, pero fue asesinada a tiros tras salir de la Fiscalía. De los 467 homicidios registrados hasta la fecha, 191 están relacionados con «conflictos sociales», de los cuales los feminicidios representan el 15.7 %.

Durante una reunión sobre seguridad ciudadana, Luis Abinader, presidente de la República, y la ministra Raful reconocieron que el Estado ha fallado en su papel de protección. Raful admitió que es necesario mejorar el sistema para que las mujeres puedan hacer denuncias de manera segura.

La ministra enfatizó que, aunque la respuesta policial y el endurecimiento de las penas son importantes, no serán suficientes si no se abordan las causas estructurales de la violencia. Raful también destacó la necesidad de intervenir en el tejido social para reducir los casos de feminicidio.

Raful subrayó que los protocolos de protección a víctimas de violencia de género deben ser revisados constantemente, ante la creciente preocupación sobre la seguridad de las mujeres que denuncian agresiones. La funcionaria afirmó que cada tragedia debe servir como lección para mejorar la respuesta institucional entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Las recientes tragedias han puesto de relieve la urgencia de implementar nuevas medidas que protejan a las mujeres y eviten que queden expuestas a sus agresores. La situación actual requiere una atención inmediata y efectiva para frenar la violencia de género en el país.