WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó este jueves un proyecto de ley que financia la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Esta medida excluye a las agencias de inmigración, lo que representa un avance crucial para poner fin al cierre federal parcial más prolongado en la historia del país.

El proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado el mes pasado, debe ser firmado por el presidente Donald Trump para entrar en vigor.

Su aprobación permitirá reanudar operaciones en áreas esenciales del Departamento, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio Secreto presidencial, después de que la cartera haya estado 75 días sin financiación.

El cierre parcial se inició el 14 de febrero debido al boicot de los demócratas en la aprobación de presupuestos.

Esta protesta surgió tras la muerte de dos ciudadanos en enero a manos de agencias de inmigración, que dependen de este Departamento, en el contexto de las grandes redadas aprobadas por el Gobierno de Donald Trump.

Exclusiones en la financiación

Con la aprobación de esta medida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quedan excluidos del financiamiento.

El texto aprobado no incluye recursos para la aplicación de leyes migratorias, lo que representa una concesión significativa a los demócratas y un repliegue del liderazgo republicano.

Mike Johnson, presidente de la Cámara, había retenido el proyecto de ley durante semanas. En una rueda de prensa posterior a la aprobación, afirmó que «los demócratas no obtuvieron absolutamente nada para su maquinaria política cuidadosamente orquestada».

Johnson también enfatizó la importancia de garantizar que la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración continúen.

Aseguró que esto es fundamental a pesar de los intentos de los demócratas por reabrir las fronteras y proteger de la deportación a inmigrantes ilegales con antecedentes penales.

Al ser cuestionado sobre el retraso en la aprobación del proyecto, Johnson atribuyó la demora a una mala redacción de la primera versión.

Según su opinión, el proyecto estaba escrito de «manera improvisada y desorganizada», lo que complicó su avance en el proceso legislativo.