NUEVA DELHI. – Masooma Ranalvi tenía solo 7 años cuando su abuela cambió la promesa de un helado por el filo de una cuchilla.

Este recuerdo la ha llevado a hablar sobre la mutilación genital en el Tribunal Supremo de la India, donde nueve jueces decidirán este mes si la ablación vulnera la integridad física o si está protegida por la libertad religiosa.

El camino hacia los tribunales comenzó cuando una noticia desde Australia le hizo revivir un caso similar al suyo.

En este caso, una madre, una enfermera y un líder de su comunidad, la Dawoodi Bohra, fueron condenados por practicar la mutilación genital femenina a dos menores.

Esta sentencia en Sídney rompió con una tradición que la comunidad ha mantenido durante generaciones.

Hoy, una década después de ese hallazgo y ocho años desde que Masooma y otras mujeres iniciaron un proceso legal contra esta práctica, su testimonio se ha convertido en un elemento clave del nuevo juicio.

Masooma afirma que el silencio no es una elección, sino una cultura que les enseñó a no hablar sobre el tema y a mantenerlo en secreto.

La práctica del ‘khatna’

La ablación, conocida en su comunidad como ‘khatna’, implica la mutilación del clítoris o del capuchón clitoral en niñas de entre seis y siete años.

Aunque los Bohra, una rama minoritaria del islam chií, defienden esta práctica como un acto de pureza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifica como una forma de mutilación de Tipo 1.

La demanda fue interpuesta por la abogada Sunita Tiwari, quien argumenta que el derecho a la integridad física (Artículo 21) debe prevalecer sobre la defensa del rito como una práctica religiosa esencial (Artículos 25 y 26).

El Gobierno indio sostiene que la práctica no existe en el país debido a la falta de datos oficiales, lo que ha generado críticas por parte de las víctimas.

Las denunciantes aseguran que el Estado se niega a reconocer la práctica para evitar documentarla, creando un ciclo que ignora los testimonios de las supervivientes.

Masooma Ranalvi explica que, a pesar de proporcionar evidencias, el Gobierno no está dispuesto a admitir la realidad.

En ocasiones anteriores, se preguntó en el Parlamento sobre la mutilación genital femenina y la respuesta fue siempre la misma: no hay evidencia porque no hay datos.

Recordando su infancia, Masooma relata cómo su abuela la llevó a una habitación pequeña bajo la premisa de ir a comer un helado.

Allí, fue inmovilizada y sometida a una experiencia traumática que la marcó para siempre. Años después, comprendió lo que le había sucedido y decidió que era hora de denunciarlo.

En la comunidad Bohra, el silencio se mantiene bajo una estricta jerarquía religiosa, donde disentir puede llevar a un boicot social total.

Sin embargo, Masooma logró crear un grupo de WhatsApp para conectar a supervivientes, que se convirtió en la base de ‘WeSpeak Out’, la organización que actualmente lidera y que canaliza la lucha de las víctimas.

Un informe del organismo indica que el 75 % de las mujeres Bohra han sido sometidas a la mutilación genital, la cual se realiza de manera sistemática por matronas, parteras y doctores de la comunidad.

En la India, no existe una ley que prohíba esta práctica, lo que ha llevado a las activistas a intentar perseguirla bajo el código penal general de lesiones graves o la ley de protección infantil.

Masooma reconoce que está cansada, tras haber compartido su historia con los medios locales en las últimas semanas.

Sin embargo, asegura que es el momento de seguir adelante y que, aunque el fallo puede tardar meses o años, ahora tiene la oportunidad de hablar y ser escuchada.