El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 88-26, que prorroga hasta el 5 de mayo de 2028 la entrada en vigor de las disposiciones del nuevo Código Penal dominicano sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta normativa modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y establece que ciertos artículos del Código Penal comenzarán a aplicarse en esa fecha, exceptuando lo dispuesto en el artículo 393.
La extensión del plazo de 18 meses busca permitir a las empresas realizar los ajustes necesarios para cumplir con el nuevo régimen de responsabilidad penal, que estaba programado para iniciar el 5 de noviembre. Esta medida también facilitará la preparación de las instituciones del sistema de justicia para su aplicación efectiva.
Detalles de la Ley 88-26
La Ley 88-26 es aplicable en todo el territorio nacional y entra en vigencia desde su promulgación, conforme a la Constitución dominicana. Su aprobación se produjo tras la modificación legal por parte del Congreso Nacional, que aplazó la aplicación de las disposiciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos por sus directivos, representantes o empleados.
El Senado aprobó la iniciativa con 26 votos a favor y ninguno en contra, tras acoger las modificaciones de la Cámara de Diputados, que inicialmente proponía una extensión de 24 meses. Finalmente, se acordó reducir el plazo a 18 meses.
Los artículos cuya entrada en vigor fue aplazada establecen las condiciones para que las personas jurídicas sean investigadas y sancionadas penalmente por delitos relacionados con su actividad. Las sanciones incluyen multas, cierre temporal o definitivo de establecimientos, revocación de licencias, inhabilitación para contratar con el Estado y disolución de empresas.
La imposición de estas sanciones requiere un proceso judicial que determine la responsabilidad de la entidad, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. La prórroga fue solicitada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), quienes argumentaron que las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, necesitan más tiempo para implementar los mecanismos de prevención y cumplimiento exigidos por el nuevo Código Penal.
