El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a los esposos Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina a 60 años de prisión por la muerte de una niña de siete años, quien fue víctima de tortura en el sector Los Guandules de Santo Domingo, en agosto de 2025.
La presidenta del tribunal, Yissel Soto, junto a las magistradas Clara Castillo y Jarolyn Rosario, impusieron una pena de 30 años de reclusión para cada uno, conforme a los artículos 295 y 304 del Código Penal. Ambos deberán cumplir sus condenas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Coronado de la Cruz es tía de la madre de la menor fallecida. La lectura íntegra de la sentencia se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre a las 9:00 de la mañana.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Yelianny Polanco, había solicitado la pena máxima de 30 años contra cada uno de los procesados, solicitud que fue aceptada por el tribunal al dictar la sentencia condenatoria.
La menor murió el 16 de agosto de 2025 mientras estaba bajo el cuidado de los condenados, quienes incumplieron su deber de protección. Se alega que entre julio y agosto de ese año, Coronado de la Cruz maltrató de manera reiterada a la niña, mientras que Montero Medina, a pesar de conocer la situación, no la denunció.
El día de la muerte, alrededor de las 6:30 de la tarde, Coronado de la Cruz llamó a sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco de la Cruz porque la niña presentaba convulsiones. Al llegar, Rodríguez Polanco contactó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al notar que la menor estaba inconsciente.
Una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento, estableciendo que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado.
En el ámbito civil, las magistradas condenaron a los procesados a pagar una indemnización de RD$5 millones a favor de la parte constituida en actor civil y ordenaron que asuman las costas civiles del proceso, que serán distribuidas a favor de los abogados que las reclamaron.
