Los Estados parte de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc) aprobaron este viernes en Viena abrir negociaciones sobre un protocolo contra los delitos ambientales, con el respaldo de la mayoría de los países europeos y latinoamericanos. La resolución, impulsada por ocho países latinoamericanos, recibió 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones, reconociendo el papel de los pueblos indígenas en la lucha contra estos crímenes.

Entre los países que votaron en contra se encuentran Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Irán y Arabia Saudí. Brasil, uno de los promotores de la resolución, la calificó de «histórica» y agradeció a la sociedad civil por sus esfuerzos para fortalecer la lucha contra los delitos ambientales.

La decisión establece la creación de un comité especial encargado de elaborar un protocolo adicional a la Convención, que abordará el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, así como la minería ilegal y el tráfico de residuos. La iniciativa fue presentada por Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.

Este acuerdo abre el proceso negociador, aunque no aprueba el contenido del futuro instrumento jurídico. El texto subraya la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales en los esfuerzos de los Estados para combatir los delitos ambientales y la corrupción asociada.

La resolución advierte que los delitos ambientales no solo afectan a los ecosistemas, sino que también amenazan la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Aunque se reconoce a los pueblos indígenas en el preámbulo de la resolución, aún no se ha definido un mecanismo para su participación en las negociaciones.

Raphael Hoetmer, director del programa de Amazonía Occidental de la ONG Amazon Watch, afirmó que esta decisión permite a la comunidad internacional coordinar respuestas frente al delito ambiental transnacional, aunque enfatizó la necesidad de la participación efectiva de los pueblos indígenas en el diseño e implementación del protocolo.

Brayan Mojanasinsoy, portavoz del pueblo indígena inga del Putumayo, destacó que los pueblos indígenas son quienes enfrentan las consecuencias de estos delitos en sus territorios y reclamó ser consultados en la elaboración del protocolo.

Una fuente cercana a las negociaciones indicó que Estados Unidos intentó presentar tres propuestas de enmienda para frenar la votación, pero ninguna prosperó. Los promotores de la resolución argumentaron que, a pesar de los acuerdos internacionales existentes, falta un instrumento universal contra los delitos medioambientales transnacionales.

El futuro protocolo buscará reforzar la prevención, investigación y enjuiciamiento de estos delitos, respetando la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y evitando interferencias con acuerdos ambientales multilaterales. Con la aprobación en Viena, se abre la posibilidad de añadir un nuevo protocolo centrado en las redes criminales que explotan los recursos naturales.